La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal que cobraba entre 4.500 y 10.500 euros para regularizar ilegalmente a extranjeros mediante contratos de trabajo falsos. La operación, denominada "Lutasanol", ha resultado en la detención del principal captador y la investigación de otros tres implicados, incluyendo administradores de empresas y un gestor laboral. La organización, que operaba en varias provincias españolas, habría tramitado más de un centenar de expedientes fraudulentos, generando un fraude superior a los 100.000 euros al simular relaciones laborales inexistentes y altas en la Seguridad Social sin actividad empresarial real.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Lutasanol”, que ha resultado en la desarticulación de una organización criminal dedicada a la regularización fraudulenta de ciudadanos extranjeros. Esta red se especializaba en ofrecer contratos de trabajo falsos, cobrando entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente irregular. Las investigaciones revelan que más de un centenar de casos fueron tramitados ilegalmente.
El operativo culminó con la detención del principal captador de la organización y la investigación de otros tres presuntos implicados: dos administradores de una empresa utilizada para facilitar esta actividad ilícita y un gestor laboral que colaboraba con ellos. Durante el registro en el establecimiento que funcionaba como centro de operaciones, se incautaron numerosos documentos, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con las actividades delictivas y dinero en efectivo, supuestamente proveniente de los cobros realizados a las víctimas.
La investigación, que comenzó el año pasado, ha demostrado que los integrantes de la organización captaban a personas extranjeras interesadas en obtener o renovar permisos de residencia y trabajo en España. Para ello, ofrecían contratos laborales ficticios y simulaban relaciones laborales inexistentes con el fin de presentar documentación aparentemente legal ante las autoridades competentes, exigiendo cantidades que variaban entre 4.500 y 10.500 euros.
Los agentes confirmaron que la organización daba de alta a trabajadores en la Seguridad Social sin que existiera una actividad empresarial real que justificara dichas contrataciones. Estas prácticas generaron un fraude superior a 100.000 euros, lo cual les permitía incluso facilitar la obtención indebida de prestaciones y subsidios públicos.
Las actividades delictivas se extendieron más allá de Almería, alcanzando a ciudadanos en Murcia y diversas localidades en las provincias de Albacete, Huelva, Granada y Málaga. La estructura operativa contaba con funciones claramente definidas entre captadores responsables de gestionar la documentación y asesores especializados encargados de dar apariencia legal a toda la operativa.
Esta red criminal interprovincial facilitó ilegalmente más de un centenar de expedientes para regularizar situaciones administrativas, beneficiándose económicamente al explotar las necesidades de ciudadanos extranjeros deseosos de regularizar su estatus en España.
Como resultado, se detuvo a un captador y se investigó a los administradores localizados en Santa Cruz de Tenerife y Madrid, así como al gestor laboral/contable con despacho profesional en Almería.
La operación fue ejecutada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería y el Puesto Principal de El Ejido, bajo la dirección del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 5 de El Ejido (Almería).
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 10.500 euros | Cantidad máxima cobrada por regularizar ilegalmente a extranjeros. |
| 4.500 euros | Cantidad mínima cobrada por regularizar ilegalmente a extranjeros. |
| 100 | Número de casos tramitados ilegalmente. |
| 100.000 euros | Fraude generado por la organización. |
La Guardia Civil desarticuló una organización criminal dedicada a regularizar de forma fraudulenta a ciudadanos extranjeros mediante contratos de trabajo falsos.
La red cobraba entre 4.500 y 10.500 euros por cada expediente falso que tramitaban.
Se estima que la organización habría tramitado ilegalmente más de un centenar de casos.
Se detuvo al principal captador de la trama y se investigó a otros tres presuntos implicados, incluyendo dos administradores de una empresa y un gestor laboral colaborador.
Se intervino abundante documentación, copias de identidad, nóminas fraudulentas, anotaciones manuscritas relacionadas con la actividad delictiva y dinero en efectivo proveniente de los cobros realizados a las víctimas.
La organización extendía su actividad más allá de Almería, captando ciudadanos en Murcia y diversos puntos de Albacete, Huelva, Granada y Málaga.
Estaban realizando altas de trabajadores en la Seguridad Social sin una actividad empresarial real, generando un fraude superior a los 100.000 euros y facilitando la obtención indebida de prestaciones públicas.