La Federación Estatal LGTBI+ apoya la proposición de ley que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, actualmente prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta de la federación, Paula Iglesias, destaca la necesidad de modificar el Código Penal para imponer penas de cárcel y antecedentes penales a quienes realicen estas prácticas consideradas tortura por la ONU. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, Iglesias enfatiza que aún persisten violaciones graves y se requiere un compromiso político para avanzar hacia una igualdad real. La federación también ha liderado iniciativas ciudadanas para prohibir estas prácticas a nivel europeo.
La Ley LGTBI+ prohíbe ya las pseudoterapias, pero se tramita una proposición de ley para penalizarlas
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha expresado su satisfacción por el consenso alcanzado entre los partidos políticos en relación al texto definitivo de la Ley que busca prohibir penalmente las prácticas de conversión. La organización respalda esta proposición y solicita a la Comisión de Igualdad que lleve a cabo la votación lo antes posible, permitiendo así que el Congreso avance en la ratificación y dé un paso significativo en la protección de las víctimas.
La Ley LGTBI+ de 2023 ya establece la prohibición administrativa de estas pseudoterapias; sin embargo, en junio de 2025, el Congreso admitió a trámite una proposición para tipificarlas como delito. Paula Iglesias, presidenta de FELGTBI+, subraya que “esta modificación del Código Penal es esencial porque muchas organizaciones que promueven estas prácticas reciben apoyo financiero de fundaciones privadas, redes internacionales ultra o estructuras eclesiales”.
Iglesias señala que “en la actualidad, este tipo de tortura solo se sanciona con multas que pueden ser pagadas fácilmente, lo que permite que la actividad continúe. Por ello, es crucial modificar las penas para incluir cárcel, antecedentes penales y la inhabilitación”.
La propuesta contempla añadir un nuevo artículo al Código Penal (173 bis) que castigue con penas de entre 6 meses y 2 años de prisión a quienes utilicen métodos destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura; además, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR) ha instado constantemente a su prohibición global. La Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) también ha advertido sobre los graves daños psicológicos que estas intervenciones pueden causar, incluyendo depresión severa e ideación suicida.
Iglesias enfatiza que “aunque ILGA haya clasificado a España como líder en el respeto a los derechos LGTBI+, esto no debe llevarnos a la complacencia”. La organización internacional ha señalado que ocupar el primer puesto no implica haber alcanzado una igualdad real. “No podemos permitir que en el país más respetuoso con la diversidad LGTBI+ se sigan cometiendo torturas contra personas del colectivo sin consecuencias”, sostiene.
“Confiamos en que la aprobación definitiva se materialice pronto en el Congreso para avanzar hacia una igualdad real. Esperamos poder salir a las calles durante este Orgullo para celebrar lo logrado y resaltar la importancia de las medidas que nos protegen del odio organizado”, añade.
Iglesias también destaca el éxito rotundo de una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) impulsada por FELGTBI+ junto a otras organizaciones internacionales pro derechos humanos, donde se recogieron más de un millón de firmas solicitando a la Comisión Europea prohibir las prácticas de conversión en todos los Estados miembros.
A pesar del apoyo ciudadano recibido y del respaldo obtenido por parte de 11 Estados miembros, la Comisión Europea decidió no crear legislación vinculante sobre el tema y anunció una Recomendación oficial para 2027. “Esta acción nos ha permitido conocer el sentir tanto de la ciudadanía europea como española. Ahora exigimos un compromiso político acorde con esta demanda social. Cuando hay apoyo ciudadano, solo falta voluntad política; España ha demostrado ser un líder en derechos sociales en múltiples ocasiones”, concluye Iglesias.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 6 meses - 2 años | Posible pena de prisión para quienes ejerzan prácticas de conversión según la propuesta de ley. |
| 2025 | Año en que el Congreso admitió a trámite la proposición de ley para tipificar penalmente las prácticas de conversión. |
| 1 millón | Número de firmas recopiladas por la Federación Estatal LGTBI+ y otras organizaciones para la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE). |
| 11 | Número de Estados miembros que apoyaron la iniciativa de recogida de firmas. |
Es una iniciativa legislativa que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, que intentan modificar o reprimir la orientación sexual o identidad de género de las personas, considerados como tortura por la ONU.
La Ley LGTBI+ ya prohíbe administrativamente estas pseudoterapias, pero la nueva proposición busca sancionarlas penalmente con penas de prisión.
Es fundamental porque actualmente las prácticas de conversión solo se sancionan con multas, lo que permite que continúen. La modificación busca imponer penas más severas, incluyendo cárcel y antecedentes penales.
Estas prácticas pueden causar graves daños psicológicos, incluyendo depresión severa e ideación suicida, incluso cuando hay consentimiento debido a presiones sociales.
La ONU ha calificado estas prácticas como tortura y ha solicitado su prohibición global a través de su Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
El objetivo fue instar a la Comisión Europea a prohibir las prácticas de conversión en todos los Estados miembros, reflejando el apoyo ciudadano hacia esta causa.
Se espera que el Congreso ratifique la proposición para dar un paso más hacia la protección de las víctimas y avanzar en igualdad real para el colectivo LGTBI+.