Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, cuestiona al ministro Fernando Grande Marlaska sobre la reciente regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez. Blanco califica esta medida como un "coladero para delincuentes" y una señal del fracaso en el control de fronteras. Durante la sesión de control al Gobierno, argumentó que la intención detrás de esta regularización es ampliar la base electoral para sostener a Sánchez, destacando la falta de exigencias en los antecedentes policiales. Además, criticó la gestión del ministro en materia de seguridad y servicios públicos, instándole a dimitir si tiene dignidad.
Marimar Blanco critica la regularización de inmigrantes en el Gobierno de Sánchez
Durante la sesión de control al Gobierno, la viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, Marimar Blanco, lanzó una dura advertencia al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Según Blanco, la reciente regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Ejecutivo es “un coladero para delincuentes” y refleja un “fracaso absoluto” en el control de fronteras y gestión migratoria.
La senadora por Madrid subrayó que esta medida no se trata solo de “papeles”, sino de “papeletas”, insinuando que el objetivo es ampliar la base electoral del presidente Pedro Sánchez a través de esta regularización. Además, enfatizó que la gestión actual no ha mejorado la seguridad ciudadana, sino que culmina con un “disparate legal y político” al legalizar a miles sin exigir antecedentes policiales.
Blanco criticó las implicaciones directas que esta política tiene sobre la seguridad y los servicios públicos, acusando al Gobierno de intentar “legalizar su propia incompetencia” sin controles adecuados ni garantías, y actuando sin consultar al Parlamento. La dirigente popular expresó su indignación ante la falta de respuesta del Gobierno frente a las advertencias provenientes de Bruselas y las fuerzas de seguridad, así como el reconocimiento del riesgo de terrorismo y tráfico de personas en los flujos migratorios irregulares.
“Cuando un Gobierno se niega a establecer controles básicos, está siendo irresponsable”, afirmó. Resaltó que mientras a los españoles se les exige un certificado para acceder a empleos públicos, se abre la puerta sin verificar los antecedentes penales de quienes llegan al país.
La viceportavoz del GPP defendió una ponencia promovida por su partido que aboga por controles rigurosos en materia migratoria. “Pedir seguridad y defender la ley no es racismo; es responsabilidad”, insistió. Afirmó que quienes vienen a trabajar deben ser bienvenidos, pero aquellos con intenciones delictivas deben ser rechazados: “Es lo mínimo que esperan los españoles”, concluyó.
Marlaska, cuestionado por su gestión
Blanco reprochó a Marlaska su negativa a proporcionar respuestas en el ámbito parlamentario y lo calificó como “el ministro más reprobado y cuestionado” en la historia democrática reciente. También lo acusó de simbolizar un Gobierno que ha renunciado al control, la transparencia y la responsabilidad.
Finalmente, recordó incidentes pasados relacionados con su gestión, incluyendo la desprotección de la Guardia Civil en Barbate y el alejamiento de aquellos que investigaban casos de corrupción vinculados a Sánchez. Ante esto, instó al ministro a dimitir si aún le queda alguna dignidad.
Marimar Blanco, viceportavoz de Interior del Grupo Parlamentario Popular, advierte que la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Sánchez es un “coladero para delincuentes” y evidencia el fracaso en el control de fronteras.
Blanco critica que el Gobierno pretende “regularizar votos para ampliar la base electoral” y sostiene que esta acción no mejora la seguridad de los españoles, además de carecer de controles adecuados como antecedentes policiales.
Señala que tiene consecuencias directas sobre la seguridad y los servicios públicos, y que se está legalizando la incompetencia del Gobierno sin garantías ni control parlamentario.
Expresa su indignación porque el Gobierno ignora las advertencias de Bruselas y los alertas de las fuerzas de seguridad sobre los riesgos asociados con flujos irregulares, incluyendo terrorismo y tráfico de personas.
Lo describe como el “ministro más reprobado y cuestionado” y un símbolo del Gobierno que ha renunciado al control, transparencia y responsabilidad. Además, le insta a dimitir si le queda dignidad.