El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo está promoviendo una nueva regulación en el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible para prohibir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como las denunciadas tras el accidente de tren en Adamuz. Esta normativa, que se encuentra en tramitación, busca evitar que las empresas utilicen precios dinámicos para aumentar tarifas durante crisis. La regulación obligará a las compañías a informar con antelación sobre sus precios y garantizará derechos a los pasajeros afectados, incluyendo la obligación de ofrecer transporte alternativo o reembolsar gastos razonables si no se proporciona dicha alternativa.
El Ministerio de Consumo ha introducido una nueva regulación en el Anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible, que actualmente se encuentra en tramitación. Esta normativa tiene como objetivo evitar incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, prohibiendo así el uso de precios dinámicos que podrían perjudicar a los consumidores.
En este sentido, el Ministerio ya había establecido, mediante el Real Decreto-ley de la Dana, restricciones a las subidas de precios en circunstancias calificadas como emergencias de protección civil, conforme a la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. La nueva regulación ampliará esta protección a otras situaciones críticas.
El Ministerio recuerda que los pasajeros cuyas rutas ferroviarias han sido suspendidas tienen derecho a recibir un transporte alternativo o al reembolso de gastos razonables si la operadora no puede ofrecer una solución adecuada.
Recientemente, tras el accidente ocurrido en Adamuz (Córdoba), se han recibido numerosas denuncias sobre aumentos excepcionales en los precios del transporte alternativo. Esta situación ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de implementar una regulación más estricta para proteger a los consumidores durante catástrofes como la vivida.
La propuesta del Ministerio obligará a las empresas a informar con antelación sobre la evolución dinámica de sus precios. Esto significa que deberán comunicar claramente el precio que tendrán sus productos o servicios durante el periodo en que estén disponibles, y no podrán superar esos precios previamente anunciados.
Además, se destaca que las empresas que personalizan precios automáticamente no podrán incrementar sus tarifas en situaciones calificadas como emergencias bajo la normativa vigente. Esta medida busca garantizar una mayor transparencia y seguridad para los consumidores.
El Ministerio también ha recordado los derechos específicos para los pasajeros afectados por la suspensión del tráfico ferroviario:
Se recuerda también que los afectados cuentan con un plazo de tres meses para presentar reclamaciones directamente ante las compañías operadoras. Los canales disponibles incluyen formularios específicos y números telefónicos para cada empresa involucrada en el servicio ferroviario.
Finalmente, se solicita a los pasajeros que eviten utilizar los canales destinados a comunicarse con familiares sobre el accidente para realizar estas reclamaciones.
La nueva regulación busca prohibir los incrementos abusivos de precios en situaciones de emergencia, como las que se han denunciado tras el accidente de tren en Adamuz. Se incluye en el Anteproyecto de la Ley de Consumo Sostenible y obligará a las empresas a informar anticipadamente sobre los precios dinámicos.
Los pasajeros tienen derecho a que se les facilite un transporte alternativo sin coste adicional, al reembolso de gastos razonables si optan por medios propios y a la devolución íntegra del precio del billete si renuncian al viaje.
Los pasajeros pueden presentar reclamaciones directamente ante las compañías operadoras utilizando formularios disponibles en sus sitios web o contactando telefónicamente con sus servicios de atención al cliente.
El Ministerio de Consumo ya había prohibido subidas abusivas de precios en situaciones calificadas como emergencias a través del Real Decreto-Ley aprobado tras la catástrofe provocada por la Dana en Valencia.