En 2025, las ejecuciones a nivel mundial experimentaron un aumento significativo, a pesar de que la pena de muerte no ha demostrado ser efectiva en la lucha contra el crimen. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su preocupación por el uso arbitrario y discriminatorio de este castigo, destacando que muchas condenas se aplican por delitos que no cumplen con los estándares internacionales de gravedad. En Irán, al menos 1500 personas fueron ejecutadas, mientras que Arabia Saudita registró 356 ejecuciones, muchas relacionadas con drogas. Además, se denunciaron ejecuciones públicas en Afganistán y preocupaciones sobre el uso de la pena capital en Israel específicamente contra palestinos. A pesar del panorama negativo, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas hacia la reducción o abolición de la pena de muerte.
La tendencia hacia la abolición de la pena de muerte ha sido una constante en el ámbito global durante los últimos años; sin embargo, en 2025 se observó un notable incremento en el número de ejecuciones, impulsado principalmente por un puñado de países que aún mantienen esta práctica en sus legislaciones. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha manifestado su preocupación al respecto, subrayando que muchas condenas a muerte se imponen por delitos que no alcanzan el umbral de gravedad establecido por el derecho internacional.
Este lunes, Volker Türk denunció la ejecución continua de individuos condenados por delitos cometidos cuando eran menores de edad, así como el secretismo que rodea a estas ejecuciones, lo que plantea serias interrogantes sobre la justicia y los derechos humanos.
Según Türk, el aumento en las ejecuciones se debe en gran medida a un incremento en las sentencias por delitos relacionados con drogas, los cuales no implican asesinato premeditado. Esta situación no solo contraviene el derecho internacional, sino que también resulta ineficaz para disuadir la criminalidad. Las estadísticas de la Oficina de la ONU revelan que Irán ejecutó al menos 1500 personas en 2025, siendo el 47% de estas condenadas por delitos vinculados a drogas.
“La magnitud y frecuencia de las ejecuciones sugieren un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación estatal, afectando desproporcionadamente a minorías y migrantes”, advirtió Türk. En Arabia Saudita, al menos 356 ejecuciones fueron registradas, superando así el récord del año anterior. De estas sentencias, el 78% estuvo relacionado con delitos por drogas. Cabe destacar que este país reanudó las ejecuciones en 2022.
En Arabia Saudita, dos personas ejecutadas habían sido condenadas por crímenes cometidos durante su minoría de edad, lo cual genera inquietudes sobre los derechos infantiles. Por otro lado, en Estados Unidos se llevaron a cabo 47 ejecuciones, marcando la cifra más alta en 16 años. La aplicación del gas letal ha suscitado preocupaciones sobre posibles torturas o castigos crueles.
Aún persisten las ejecuciones públicas en Afganistán, donde cuatro personas fueron ejecutadas en estadios deportivos por familiares de sus víctimas el 11 de abril del año pasado. Desde agosto de 2021, las autoridades han realizado varias ejecuciones públicas. En Somalia, se registraron 24 ejecuciones y en Singapur 17; mientras tanto, en países como China y Corea del Norte, este castigo sigue envuelto en un manto de secretismo que dificulta obtener cifras precisas.
En Israel, varias propuestas legislativas buscan aumentar el uso de la pena capital, introduciendo penas obligatorias exclusivamente para palestinos. El Alto Comisionado ha advertido que esto violaría el derecho a un juicio justo para esta población y transgrediría normas internacionales relativas a los derechos humanos.
Las ejecuciones realizadas por Hamas en Gaza también representan violaciones graves a los derechos humanos.
A pesar del alarmante aumento en las ejecuciones, Türk destacó que varios países han tomado medidas positivas durante 2025. Por ejemplo, Vietnam ha reducido el número de delitos castigables con pena de muerte. Asimismo, Pakistán abolió esta sanción para dos delitos no letales, aunque todavía mantiene la pena capital para otros 29 delitos.
Zimbabue eliminó la pena de muerte para delitos comunes el 31 de diciembre de 2024, mientras que Kenia ha comenzado una revisión legislativa sobre este castigo.
| País | Número de Ejecuciones | Porcentaje Relacionado con Drogas |
|---|---|---|
| Irán | 1500 | 47% |
| Arabia Saudita | 356 | 78% |
| Estados Unidos | 47 | - |
| Somalia | 24 | - |
| Singapur | 17 | - |
En 2025 se registró un pronunciado aumento en el número de ejecuciones a nivel mundial, a pesar de que la tendencia generalizada es la abolición de la pena de muerte.
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento de ejecuciones, especialmente aquellas relacionadas con delitos que no cumplen con el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional.
En Irán, al menos 1500 personas fueron ejecutadas, mientras que en Arabia Saudita se registraron al menos 356 ejecuciones, superando el récord del año anterior.
Un gran número de ejecuciones está relacionado con delitos por drogas que no implican asesinato premeditado, lo cual es considerado una violación del derecho internacional.
A pesar del aumento global en las ejecuciones, algunos países como Vietnam y Pakistán han tomado medidas para reducir o abolir la pena de muerte para ciertos delitos.
Existen propuestas legislativas en Israel que buscan ampliar el uso de la pena de muerte exclusivamente para palestinos, lo cual podría violar sus derechos a un juicio justo según el Alto Comisionado.