El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado una iniciativa para abordar la crisis de la ocupación ilegal en España, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de desatender el problema. El diputado Daniel Pérez criticó que el Ejecutivo prioriza su permanencia en el poder sobre la protección de los ciudadanos que enfrentan la pérdida de sus hogares. La propuesta del PP incluye medidas para facilitar desalojos y proteger a los propietarios, además de denunciar que las políticas actuales han agravado la situación del mercado inmobiliario. La diputada Sol Cruz-Guzmán instó al Gobierno a buscar soluciones consensuadas con las comunidades autónomas. Esta iniciativa aún no ha sido aprobada.
El diputado del GPP, Daniel Pérez, ha criticado duramente al Gobierno por su silencio ante el creciente problema de la ocupación ilegal. Según Pérez, “callan porque sus socios se lo exigen y porque reconocerlo les costaría el Gobierno”. En este contexto, ha afirmado que “prefieren que los españoles pierdan sus casas antes que Pedro Sánchez pierda el poder”, denunciando una falta de control y transparencia por parte del Ejecutivo.
Pérez subrayó que la situación es alarmante, con más de 23.000 viviendas okupadas en venta, cuyos precios han caído a la mitad de su valor real. Aseguró que el actual Gobierno ha convertido la inseguridad jurídica en una política de Estado, haciendo del delito un negocio y dejando a los propietarios como víctimas.
El Partido Popular (PP) ha presentado una serie de propuestas para abordar la ocupación ilegal, las cuales incluyen la derogación de leyes que faciliten esta práctica y la implementación de desalojos inmediatos. Además, buscan proteger a los propietarios y garantizar la seguridad jurídica, así como combatir las mafias involucradas en estas actividades ilegales.
Pérez también afirmó que el PP defiende a los ciudadanos que “cumplen, trabajan y pagan su casa”, mientras critica al Ejecutivo por justificar a los okupas. En sus palabras, “la España del okupa es la España del desgobierno y del todo vale”.
Por su parte, la diputada del GPP, Sol Cruz-Guzmán, instó al Gobierno a cesar en su intento de imponer restricciones y chantajes a las comunidades autónomas. Cruz-Guzmán pidió un enfoque basado en el sentido común y el consenso para abordar la crisis de vivienda.
Asimismo, hizo un llamado al Ejecutivo para que no comprometa el futuro del acceso a la vivienda para los jóvenes y cuestionó si realmente se ha mejorado la situación habitacional en los últimos años. La diputada enfatizó que ni la ley de vivienda vigente ni las medidas sobre control de alquileres han aportado soluciones efectivas, sino que han agravado el problema.
Pérez concluyó resaltando que su propuesta aboga por un Plan Estatal resultado del consenso entre las comunidades autónomas y alejado de ideologías partidistas. Insistió en la necesidad de negociar sin imposiciones, ya que el Gobierno ha intentado incluir exigencias que han sido rechazadas por la justicia.
A pesar de estas iniciativas presentadas por el GPP, es importante señalar que esta propuesta no fue aprobada.
El diputado del GPP, Daniel Pérez, acusa al Gobierno de callar ante el problema de la okupación, afirmando que prefieren que los españoles pierdan sus casas antes que Pedro Sánchez pierda el poder.
El PP propone una lucha firme contra la ocupación ilegal, derogando las leyes que la permiten y facilitando el desalojo inmediato, además de proteger a los propietarios y garantizar la seguridad jurídica.
El GPP sostiene que ni la ley de vivienda del Gobierno ni su control de alquileres han dado soluciones efectivas, sino que han empeorado la situación en el acceso a la vivienda.
La diputada Sol Cruz-Guzmán exige al Gobierno que deje de imponer y chantajear a los gobiernos autonómicos y acuerde con sentido común y de Estado.
El GPP describe que hay 23.000 viviendas okupadas en venta y critica que el Ejecutivo ha convertido la inseguridad jurídica en política de Estado, afectando negativamente el mercado inmobiliario.