El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso para exigir al Gobierno la modificación urgente de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en la Justicia. Denuncian que la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños genera inseguridad jurídica y bloqueos en el sistema judicial, afectando los derechos de los ciudadanos. El PP aboga por unificación de criterios y protocolos claros para mejorar la efectividad del sistema judicial, además de solicitar programas de formación para operadores jurídicos y mecanismos de seguimiento del impacto de estos medios alternativos. La vicesecretaria del PP, Cuca Gamarra, critica esta ley como otro "desastre legislativo" del Gobierno.
El Partido Popular ha presentado una Proposición no de Ley en el Congreso con el objetivo de exigir al Gobierno la modificación urgente de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en el ámbito judicial. Esta iniciativa busca establecer criterios unificados para todos los órganos judiciales, dado que la actual normativa está generando retrasos, inseguridad jurídica y afecta los derechos de los ciudadanos.
Desde el PP se denuncia que la Ley de Eficiencia Judicial, impulsada por Bolaños, está ocasionando un bloqueo en la Justicia y dificultades entre los operadores judiciales. La implementación obligatoria de estos MASC antes de interponer una demanda ha sido señalada como una fuente de disparidades interpretativas y problemas operativos.
La propuesta del Partido Popular subraya que estas circunstancias van en contra del propósito original de la reforma, ya que generan “retrasos e inseguridad”, perjudicando así a los “legítimos intereses y derechos” de los ciudadanos, especialmente a aquellos que buscan justicia.
Por esta razón, el PP considera “imprescindible” evitar que los MASC se conviertan en un “elemento de bloqueo” dentro del sistema judicial. Se aboga por avanzar hacia un modelo más coherente y efectivo que garantice una unidad de criterios en todo el país, con protocolos claros y formación específica para los operadores jurídicos.
Entre las medidas planteadas para su discusión en el Pleno del Congreso se encuentran la unificación de criterios para la aplicación de los MASC, así como una modificación “urgente” sobre las excepciones relacionadas con su uso obligatorio. Además, se propone la creación de un estatuto para la tercera persona neutral con participación activa de todos los profesionales implicados.
Asimismo, la Proposición no de Ley solicita al Gobierno colaborar con las comunidades autónomas y otros organismos judiciales para desarrollar protocolos comunes que definan claramente las exigencias y acreditaciones necesarias para utilizar estos medios alternativos.
El Partido Popular también promueve programas específicos de formación para operadores jurídicos y campañas informativas dirigidas a la ciudadanía sobre el funcionamiento y beneficios de estos MASC. Por último, se exige establecer mecanismos que permitan evaluar el impacto real de estos medios alternativos en la reducción del litigio y en la mejora del sistema judicial.
A raíz del registro de esta iniciativa, Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, calificó la Ley de Eficiencia Judicial como “otro desastre legislativo”. Gamarra argumenta que es necesario eliminar obstáculos y fortalecer recursos para mejorar el sistema judicial frente a una legislación que genera inseguridad jurídica.
Además, destacó la falta de recursos humanos y presupuestarios necesarios para abordar problemas existentes en juzgados especializados en violencia contra la mujer, donde muchos profesionales han denunciado colapsos debido al aumento de competencias sin suficientes medios para gestionarlas.
El Partido Popular ha denunciado la inseguridad jurídica y el bloqueo de la Justicia que está provocando la Ley de Eficiencia Judicial de Bolaños, exigiendo una modificación urgente de la regulación de los Medios Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).
Entre las propuestas se incluyen la unificación de criterios para la aplicación de los MASC, la modificación urgente de las excepciones sobre su obligatoriedad, y la elaboración de un estatuto para la tercera persona neutral con participación efectiva de todos los profesionales.
El PP critica que esta ley está generando retrasos e inseguridad jurídica, perjudicando los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, especialmente de los demandantes.
El PP propone trabajar con comunidades autónomas y otros órganos judiciales para elaborar protocolos comunes, desarrollar programas de formación específica para operadores jurídicos y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del impacto de los MASC.
Cuca Gamarra, vicesecretaria del PP, ha calificado la Ley de Eficiencia Judicial como "otro desastre legislativo", señalando que crea inseguridad jurídica y no dota al sistema judicial con los recursos necesarios.