El Gobierno de España ha anunciado la ampliación de las adaptaciones en las pruebas de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Esta medida incluye la concesión de tiempo adicional, el acompañamiento por perros de asistencia y el uso sin restricciones de prótesis auditivas. La normativa busca garantizar la igualdad en los procesos selectivos, eliminando barreras y promoviendo la inclusión. Se espera que estas adaptaciones beneficien a quienes tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Además, se incrementará la cuota de reserva para personas con discapacidad en el empleo público del 7% al 10%.
El Gobierno ha dado un paso significativo en la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito del empleo público. A través de una reciente orden ministerial, se han establecido nuevas adaptaciones para las pruebas de acceso, que incluyen la concesión de tiempo adicional durante los ejercicios y la posibilidad de contar con un perro de asistencia a lo largo de toda la prueba. Además, se permitirá el uso sin restricciones de prótesis auditivas.
Esta normativa, que se ha desarrollado en consulta con el Consejo Nacional de Discapacidad, busca garantizar la igualdad efectiva para todos los aspirantes a un puesto en la administración pública. La medida responde a los avances en ciencia y tecnología, ajustando así los tiempos y medios necesarios para facilitar la participación de personas con discapacidad.
Los ministros responsables de Transformación Digital y Función Pública, así como de Derechos Sociales, han subrayado la importancia de esta iniciativa. Óscar López, titular del Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, enfatizó que “el empleo público debe ser un ascensor social de dignidad y oportunidades”. Por su parte, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, destacó que esta norma tiene como objetivo aumentar la representación de personas con discapacidad en el sector público al eliminar barreras en los procesos selectivos.
La nueva orden complementa otras iniciativas previas, como el aumento del porcentaje reservado para personas con discapacidad en el empleo público del 7% al 10%, así como la creación de unidades específicas para promover la inclusión laboral dentro de cada departamento ministerial.
Entre las adaptaciones incluidas en esta normativa se encuentran diversas medidas que facilitarán la realización de las pruebas selectivas por parte del personal civil. Se contempla proporcionar medios materiales y humanos necesarios para asegurar que los aspirantes puedan participar plenamente. Esto incluye asistencia personal y tecnologías asistidas adecuadas.
Las personas con discapacidad tendrán derecho a utilizar productos de apoyo y prótesis durante todo el proceso selectivo. Asimismo, se garantiza que podrán llevar consigo a su perro de asistencia según lo estipulado por el Real Decreto 409/2025. Estas medidas beneficiarán a aquellos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, aunque también se contemplan ajustes razonables para quienes no cuenten con reconocimiento oficial pero necesiten apoyo.
En un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta orden, se aprobará un Manual general de adaptaciones que ofrecerá pautas e información sobre cómo garantizar una participación adecuada en los procesos selectivos. Este manual será elaborado tras consultar al Consejo Nacional de Discapacidad y otros organismos relevantes.
La publicación oficial de esta orden está prevista en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, marcando un avance importante hacia una administración pública más inclusiva y accesible para todos.
Se han ampliado adaptaciones como la concesión de tiempo adicional para la realización de los ejercicios, el acompañamiento por un perro de asistencia durante toda la prueba, y el uso sin restricciones de prótesis auditivas.
Serán beneficiarios aquellas personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. También podrán solicitar adaptaciones quienes acrediten formalmente su situación personal de necesidad de apoyo, aunque no cuenten con un reconocimiento oficial del grado de discapacidad.
Se contempla la puesta a disposición de medios materiales y humanos, asistencias y soportes, productos de apoyo y tecnologías asistidas necesarias para la realización de las pruebas.
La normativa se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor en un plazo determinado tras su publicación.
Los ministerios implicados son el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.