La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafaba a migrantes en situación irregular en España, ofreciendo trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros. La red utilizaba documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares, y vendía resguardos de protección internacional falsificados por 1.000 euros. La operación resultó en la detención de 12 personas y se llevaron a cabo seis registros domiciliarios en varias provincias. Los investigadores descubrieron que un funcionario municipal estaba implicado, facilitando el acceso irregular a procedimientos administrativos. Esta acción destaca la vulnerabilidad de los migrantes ante fraudes legales.
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un entramado criminal que se dedicaba a estafar a migrantes en situación irregular en España. Esta organización ofrecía trámites falsos de residencia a cambio de sumas que alcanzaban hasta los 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares. Además, emitían falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, engañando así a las víctimas al hacerles creer que estaban en proceso de regularización legal.
La operación culminó con la realización de seis registros domiciliarios y la detención de 12 personas en diversas provincias: Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1). Esta acción se llevó a cabo tras una investigación que se extendió durante varios meses.
La pesquisa comenzó en octubre de 2024, cuando se detectó en Teruel una solicitud de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar que carecía del certificado correspondiente. Se observó también que algunos documentos presentados podrían haber sido falsificados.
A partir de este hallazgo, los investigadores identificaron numerosos trámites administrativos relacionados con extranjería en distintas provincias, donde varias personas eran utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento, lo que resultó en engaños y estafas posteriores.
Un aspecto notable de esta operación fue la implicación directa de un funcionario del ayuntamiento en Toledo, quien supuestamente facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos. Este individuo alteraba datos en registros oficiales y asesoraba a la organización sobre cómo simular arraigos y empadronamientos falsos. Su colaboración fue crucial para dar apariencia de legalidad a estos trámites fraudulentos.
La red utilizaba datos obtenidos de bases administrativas accesibles solo para funcionarios, lo que les permitía gestionar permisos de residencia para extranjeros en situación irregular a cambio de altas sumas de dinero.
El objetivo principal del grupo era captar migrantes sin permisos, ofreciéndoles vías falsas de legalización mediante autorizaciones por circunstancias excepcionales. Para ello, elaboraban expedientes falsos simulando vínculos laborales o familiares inexistentes y creaban documentación fraudulenta para presentar ante las autoridades competentes.
A las víctimas, muchas veces vulnerables y con escaso conocimiento del marco jurídico español, se les cobraba entre 3.000 y 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite solicitado. La organización operaba en múltiples provincias, manteniendo una red estructurada para captar y derivar clientes.
Uno de los métodos más comunes utilizados por esta red fue la falsificación de resguardos solicitando protección internacional, vendidos por hasta 1.000 euros. Estos documentos, destinados normalmente a quienes inician procesos de asilo, eran completamente falsos pero servían para tranquilizar a las víctimas, quienes creían estar protegidas frente a posibles órdenes de expulsión.
Los investigadores confirmaron que los miembros del grupo aprovechaban sus conocimientos legales para ofrecer asesorías jurídicas simuladas y proporcionaban instrucciones sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar ser detectados. También entregaban guiones sobre qué declarar ante funcionarios policiales o de extranjería.
La operación concluyó con seis registros domiciliarios que llevaron a la desarticulación completa del grupo criminal. Se detuvo a 12 personas en diversas provincias y se incautaron 13.670 euros en efectivo, junto con seis teléfonos móviles, dos ordenadores portátiles, cuatro discos duros y abundante documentación relacionada con la investigación.
NOTA: Los medios interesados pueden obtener imágenes relacionadas con la operación difundida el año pasado siguiendo este enlace:
http://prensa.policia.es/union.rar
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 8.000 euros | Cantidad máxima que cobraban por trámites falsos de residencia. |
| 1.000 euros | Cantidad que cobraban por falsos resguardos de protección internacional. |
| 12 | Número de detenidos en la operación. |
| 6 | Número de registros domiciliarios realizados. |
| 13.670 euros | Cantidad de dinero en efectivo incautado durante la operación. |
La red ofrecía trámites falsos de residencia a migrantes en situación irregular, cobrando entre 3.000 y 8.000 euros dependiendo del trámite, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.
La organización vendía solicitudes de protección internacional falsas por hasta 1.000 euros cada una, a pesar de que estos documentos carecían de validez legal.
La investigación comenzó en octubre de 2024 tras detectar una solicitud de autorización de residencia inicial que no contaba con el correspondiente certificado de inscripción de pareja, lo que llevó a descubrir documentos posiblemente falsificados.
Las víctimas eran principalmente migrantes en situación irregular y vulnerabilidad, quienes carecían de conocimientos sobre el marco jurídico español y fueron engañados para pagar grandes sumas por trámites fraudulentos.
La operación culminó con seis registros domiciliarios y la detención de 12 personas en varias provincias, además de incautar dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y documentación relacionada con la investigación.