El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que reforma las leyes de Dependencia y Discapacidad en España, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizando más derechos y ampliando el catálogo de servicios disponibles para personas con dependencia y discapacidad. Se eliminarán incompatibilidades en las prestaciones, se reconocerá la teleasistencia como derecho universal y se establecerán nuevos servicios personalizados. Además, se prohíbe la discriminación por discapacidad en seguros y se garantiza la accesibilidad universal. La iniciativa responde a un compromiso del Gobierno para mejorar la atención y calidad de vida de casi 2 millones de personas afectadas.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al anteproyecto de ley impulsado por Pablo Bustinduy, que busca reformar simultáneamente dos normativas clave: la Ley de Dependencia y la Ley de Discapacidad. Esta iniciativa legislativa se propone eliminar el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia y el plazo suspensivo de dos años para las ayudas económicas destinadas a cuidados en el entorno familiar.
Entre las medidas más relevantes que se incorporan a la Ley de Dependencia, se destaca la regulación de la asistencia personal, la expansión del servicio de ayuda a domicilio y el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo. Además, se establece una conexión directa para que quienes obtengan cualquier grado de dependencia puedan acceder automáticamente al reconocimiento de una discapacidad del 33%.
En su presentación desde el Palacio de La Moncloa, Bustinduy enfatizó que esta reforma representa “un nuevo enfoque que garantiza vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital”, promoviendo así el derecho a la vida independiente. El ministro subrayó que los cambios normativos permitirán garantizar más derechos para las personas con dependencia o discapacidad y ampliarán el catálogo de servicios disponibles.
El anteproyecto también pone fin a “dos recortes importantes” implementados por el anterior Gobierno del Partido Popular. Se eliminará el régimen de incompatibilidades introducido en 2012, lo que permitirá una atención más personalizada. Asimismo, se suprimirá el plazo suspensivo máximo para acceder a prestaciones económicas en cuidados familiares, un obstáculo que ha limitado el acceso a muchas personas.
Según datos del Ministerio de Derechos Sociales, cerca de 1.837.818 personas requieren atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Durante su mandato, el Partido Popular recortó este sistema en más de 5.400 millones de euros. En respuesta, desde 2020, el Gobierno actual ha incrementado significativamente las partidas destinadas al SAAD, alcanzando cifras récord en 2023 y manteniéndolas para 2024.
Bustinduy destacó que “estamos reconstruyendo el sistema de dependencia” con miras a fortalecerlo como un pilar fundamental del estado del bienestar. Este esfuerzo es especialmente relevante ante el reto demográfico que enfrenta España, donde se prevé un aumento considerable en la población mayor y, por ende, en las personas en situación de dependencia.
La nueva legislación ampliará y reorganizará los servicios ofrecidos bajo un modelo centrado en la persona. Se buscará incentivar la autonomía individual y permitir una mayor participación comunitaria. Por ejemplo, se extenderá el servicio de ayuda a domicilio para incluir necesidades más allá del cuidado personal y doméstico.
Asimismo, se reconocerá la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas dependientes que residan en sus hogares. A partir de la aprobación definitiva del anteproyecto, los gobiernos autonómicos estarán obligados a ofrecer este servicio sin restricciones presupuestarias.
El anteproyecto también introduce nuevos derechos para los usuarios del sistema. Las personas dependientes tendrán voz sobre los servicios que reciben y podrán exigir atención libre de sujeciones físicas o químicas. Además, se garantizará su derecho a recibir atención sanitaria independientemente del lugar donde residan.
La reforma legislativa también aborda las necesidades específicas de los cuidadores no profesionales, asegurando su acceso a apoyos y formación necesarios para su bienestar físico y emocional.
En relación con la Ley de Discapacidad, este anteproyecto representa un avance significativo hacia la garantía de derechos fundamentales tras la reciente reforma constitucional. Se establecerá la accesibilidad universal como un derecho exigible ante cualquier instancia pública. Para ello, se creará un Fondo Estatal destinado a financiar intervenciones necesarias para mejorar la accesibilidad.
Además, se modificarán aspectos clave relacionados con los seguros para evitar discriminaciones hacia personas con discapacidad al contratar pólizas. También se facilitarán trámites administrativos para acelerar procesos relacionados con la dependencia.
La reforma contempla medidas relacionadas con tecnología e innovación, buscando eliminar sesgos discriminatorios en procesos automáticos y fomentando usos positivos dentro del ámbito científico enfocados en personas con discapacidad.
Finalmente, se hará hincapié en garantizar derechos específicos para mujeres con discapacidad y niños con necesidades especiales mediante servicios adecuados que promuevan su desarrollo integral.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1,837,818 | Número de personas que requieren atención por parte del SAAD |
| 5,406 millones de euros | Recortes en el sistema durante el Gobierno del Partido Popular |
| 150% | Incremento en las partidas destinadas a financiar el SAAD desde 2020 |
| 783 millones de euros | Cantidad distribuida entre los gobiernos autonómicos en 2023 |
El anteproyecto incluye la supresión del régimen de incompatibilidades en las prestaciones de dependencia, la eliminación del plazo suspensivo de dos años para las prestaciones económicas, y la ampliación del catálogo de servicios, que ahora incluirá asistencia personal, ayuda a domicilio y teleasistencia como un derecho subjetivo.
La reforma garantiza derechos fundamentales como la accesibilidad universal y prohíbe la discriminación por discapacidad en los seguros. También establece un reconocimiento directo de una discapacidad del 33% para quienes tengan cualquier grado de dependencia.
Se implementarán nuevos servicios como cuidados en vivienda, provisión de productos de apoyo y asistencia personal. Además, se garantizará el derecho a recibir atención sanitaria sin importar el lugar de residencia.
Las cuidadoras no profesionales tendrán derecho a recibir apoyos, formación y asesoramiento para su bienestar físico y emocional, así como información accesible sobre prestaciones y medidas para conciliar su vida personal y laboral.
El anteproyecto menciona específicamente la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad y promueve el desarrollo infantil a través de servicios de atención temprana para niños y niñas con discapacidad.