El Tribunal Supremo ha decidido tramitar como medida cautelar la solicitud de los senadores del Grupo Parlamentario Popular (GPP), otorgando al Gobierno un plazo de 10 días para presentar alegaciones. El PP ha manifestado su respeto por la decisión judicial, aunque señala que no aborda el fondo del asunto. La corte enfatiza que el control del Gobierno es un derecho fundamental de los senadores y que ningún Gobierno puede decidir quién lo controla. La tramitación se realizará por el procedimiento ordinario, manteniendo abierto el debate jurídico sobre la competencia y admisibilidad del caso.
El Tribunal Supremo ha decidido tramitar como medida cautelar la solicitud presentada por los senadores del Grupo Parlamentario Popular (GPP), otorgando al Gobierno un plazo de diez días para que presente sus alegaciones.
Desde el Partido Popular, se ha enfatizado el respeto hacia esta resolución judicial, aunque se subraya que no aborda el núcleo del problema planteado. El partido exige que el Gobierno justifique su negativa a comparecer ante el Senado, reafirmando su compromiso con un principio democrático fundamental: “El Gobierno no elige quién le controla”.
El Tribunal Supremo ha desestimado la posibilidad de una tramitación excepcional de la medida cautelar sin la audiencia del Gobierno, manteniendo abierta la vía ordinaria para este tipo de procedimientos. En su auto, se aclara que no se pronuncia sobre el fondo del recurso ni prejuzga cuestiones relacionadas con su admisibilidad o competencia.
La esencia del asunto persiste: “Ningún Gobierno puede decidir qué Cámara le controla, cuándo lo hace y en qué condiciones”. El Supremo reconoce que se invoca un derecho fundamental de los senadores, destacando que el control al Ejecutivo es inherente a su función y que dicho control sigue siendo relevante.
El Partido Popular reitera su respeto por las decisiones judiciales. La Sala ha acordado continuar con la tramitación de la medida cautelar mediante el procedimiento ordinario, permitiendo así que la Abogacía del Estado participe en el proceso. Esto implica que el debate jurídico y constitucional planteado por el GPP continúa vigente.
El auto también indica que su decisión se limita a aspectos cautelares y no prejuzga las futuras resoluciones sobre jurisdicción o competencia. Como consecuencia inmediata, se espera que el Gobierno presente sus alegaciones y explique ante el Tribunal Supremo por qué optó por no atender a las comparecencias convocadas regularmente por el Senado. Finalmente, desde el GPP se reitera la insistencia en que el Gobierno debe comparecer en ambas Cámaras.
El Tribunal Supremo ha ordenado tramitar como medida cautelar la petición de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, dando audiencia al Gobierno, que tendrá 10 días para presentar alegaciones.
El PP respeta la decisión del Tribunal Supremo, pero señala que no resuelve el fondo del problema y continúa defendiendo que "el Gobierno no elige quién le controla".
El Tribunal Supremo ha rechazado la tramitación excepcional de la medida cautelar sin audiencia del Gobierno y mantiene abierta la vía cautelar ordinaria, lo que indica que el debate jurídico y constitucional sigue abierto.
El Gobierno deberá presentar sus alegaciones y explicar ante el Tribunal Supremo por qué decidió no atender las comparecencias convocadas por el Senado.
Se está invocando un derecho fundamental de los senadores, relacionado con el control al Gobierno, que es inherente a su condición de senadores.