Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular, ha anunciado en Albacete la intención de presentar enmiendas para asegurar los beneficios tributarios relacionados con el reconocimiento de la dependencia. Fúnez critica al Gobierno por omitir las implicaciones fiscales en la nueva ley y enfatiza que es fundamental que las personas con grado de dependencia reciban los mismos beneficios fiscales que aquellos con discapacidad. Además, subraya la necesidad de una memoria económica para garantizar la viabilidad de los servicios y evitar frustraciones por falta de presupuesto. El proyecto de ley sobre Discapacidad y Dependencia está actualmente en el Senado, donde el PP busca mejorar su contenido.
En declaraciones a los medios en Albacete, la vicesecretaria de Sanidad y Política Social, Carmen Fúnez, ha denunciado que el Gobierno ha “dejado fuera” de la ley las implicaciones tributarias asociadas al reconocimiento de un nivel de dependencia. “Vamos a enmendarlo”, ha afirmado, subrayando que para el Partido Popular es crucial garantizar el reconocimiento pleno de los derechos y, por ende, de sus efectos y desgravaciones fiscales para estas personas.
Fúnez ha enfatizado que “las consecuencias en el reconocimiento de la dependencia deben ser equivalentes a las del reconocimiento de la discapacidad”, asegurando que se deben mantener los beneficios fiscales que la legislación actual elimina. “En el ámbito de los derechos sociales no puede existir letra pequeña”, ha declarado.
La vicesecretaria ha insistido en que aquellas personas a quienes se les reconozca un grado de dependencia, y por lo tanto un grado de discapacidad, también deben disfrutar de los mismos beneficios tributarios que obtienen quienes solo tienen reconocida la discapacidad. “Es fundamental que esto se garantice”, ha aseverado.
Asimismo, Fúnez ha recordado que el proyecto de ley para reformar las leyes de Discapacidad y Dependencia ya se encuentra en el Senado, donde el PP planea introducir mejoras a través de enmiendas: “Ese texto tiene mucho potencial para ser optimizado”.
La política popular ha reclamado una memoria económica ante la reforma de la Ley de Dependencia, advirtiendo sobre el riesgo de que los servicios se conviertan en una fuente de frustración debido a la falta de presupuesto por parte del Gobierno. “Si deseas ofrecer un servicio y reconocer un derecho como Administración Pública, es esencial que esté respaldado por un presupuesto adecuado”, ha advertido Fúnez.
Además, ha defendido la “agenda social para España” propuesta por Alberto Núñez Feijóo, basada en criterios de igualdad. Según ella, “el código postal donde viva una persona no debería determinar los servicios a los que tiene acceso”. Este modelo busca garantizar la cohesión del Sistema Nacional de Salud y la equidad en los servicios sociales.
Durante su visita al campamento de verano organizado por Asprona para personas con discapacidad, Fúnez celebró este modelo de “colaboración público-social”, resaltando los esfuerzos del Ayuntamiento de Albacete bajo gobiernos del PP, que han duplicado su inversión en iniciativas destinadas a este colectivo.
Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, ha anunciado que el Partido Popular (PP) presentará enmiendas para garantizar los beneficios tributarios relacionados con el reconocimiento de un nivel de dependencia, que según ella, han sido excluidos por el Gobierno actual.
El PP sostiene que en el reconocimiento de derechos sociales no debe haber "letra pequeña", y aboga por asegurar que las consecuencias del reconocimiento de dependencia sean equivalentes a las del reconocimiento de discapacidad, manteniendo así los beneficios fiscales correspondientes.
Se espera que las enmiendas permitan que las personas con un grado de dependencia también accedan a los mismos beneficios tributarios que aquellos con solo un grado de discapacidad, garantizando así sus derechos y apoyos fiscales.
El PP critica que la reforma no cuenta con una memoria económica adecuada, lo cual podría llevar a que los servicios ofrecidos se conviertan en frustración debido a la falta de presupuesto por parte del Gobierno.
La agenda social propuesta por Feijóo busca garantizar igualdad en los servicios sociales y cohesión dentro del Sistema Nacional de Salud, independientemente del código postal donde viva una persona.
Durante su visita al campamento, Fúnez destacó el modelo de colaboración público-social entre el tercer sector y gobiernos del PP, como el Ayuntamiento de Albacete, que ha aumentado su inversión en este tipo de iniciativas.