La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal en La Rioja, deteniendo a cinco personas por explotación laboral y trata de seres humanos. En la operación "Portus-Cale", se liberaron ocho víctimas, que sufrían condiciones inhumanas de trabajo y alojamiento. Los detenidos mantenían a los trabajadores en situaciones de dependencia, sometiéndolos a largas jornadas sin salario adecuado. Se investiga además a una bodega por contratar sus servicios, siendo conscientes de la precariedad laboral. La operación resultó en la incautación de efectivo, joyas y vehículos de lujo.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la desarticulación de un grupo criminal que operaba en La Rioja, resultando en la detención de cinco individuos acusados de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
La operación, denominada “Portus?Cale”, ha permitido liberar a ocho personas, cuyas edades oscilan entre los 40 y 74 años. Este grupo delictivo sometía a las víctimas a una situación de dependencia extrema, tratándolas como “mercancía” para obtener beneficios económicos.
Las víctimas eran mantenidas en condiciones deplorables, alojadas en viviendas sin las mínimas condiciones de habitabilidad. Estas instalaciones eran precarias, carecían de higiene y ofrecían escasas comodidades. Además, se alimentaban con carne en mal estado y se les permitía el acceso al alcohol como método de control y aislamiento social.
Los trabajadores enfrentaban jornadas laborales que variaban entre 12 y 16 horas diarias, sin respetar días festivos o domingos. No existía tiempo para el descanso; solo se exigía su "plena disponibilidad". Desde la poda de viñas hasta reformas integrales o servicios de portes, eran obligados a realizar cualquier tarea que el clan familiar ordenara.
Algunas víctimas llevaban años trabajando sin recibir salario alguno; otras recibían apenas cuatro euros por hora, de los cuales se les descontaban gastos como tabaco y alcohol. En ocasiones, incluso eran agredidas físicamente si se encontraban enfermas y no podían asistir a su trabajo.
La investigación comenzó cuando la Guardia Civil detectó indicios de explotación laboral entre varias personas de nacionalidad portuguesa que residían en Rincón de Olivedo (La Rioja). Las primeras actuaciones centraron la atención en un núcleo familiar liderado por una mujer conocida como la “jefa”, quien operaba junto a su esposo y dos hijos.
A través del análisis patrimonial realizado durante la investigación, se constató que las principales responsables del grupo criminal habían ingresado en sus cuentas bancarias más de 2.517.593 euros desde el año 2022 por trabajos agrícolas. Se logró establecer vínculos con diversos viticultores y agricultores que contrataban los servicios del clan.
En este contexto, una bodega y un directivo están siendo investigados por presuntos delitos contra los derechos laborales tras haber recurrido repetidamente a los servicios del grupo delictivo, pagando un total aproximado de 569.000 euros.
A partir de toda la información recopilada, se llevaron a cabo siete registros en inmuebles relacionados con el caso. Durante estas acciones se incautaron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación para su análisis y ocho vehículos, cinco de ellos considerados de alta gama. Además, se bloquearon siete cuentas bancarias vinculadas a los implicados.
Esta operación fue realizada por el Equipo de Policía Judicial de Calahorra (La Rioja), con la colaboración de diferentes especialidades dentro del cuerpo de la Guardia Civil.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 8 | Personas liberadas de explotación laboral |
| 5 | Personas detenidas por pertenencia a organización criminal |
| 2,517,593 € | Total ingresado en cuentas bancarias por trabajos agrícolas desde 2022 |
| 569,000 € | Total abonado por una bodega al grupo delictivo por sus servicios |
Ocho personas fueron liberadas durante la operación "Portus-Cale" llevada a cabo por la Guardia Civil.
Se les imputaron delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos con fines de explotación laboral, delitos contra los derechos de los trabajadores y blanqueo de capitales.
El grupo mantenía a las víctimas en una situación de dependencia, alojándolas en condiciones precarias y sometiéndolas a largas jornadas laborales sin salario adecuado. Además, les proporcionaban alimentos en mal estado y acceso al alcohol como mecanismo de control.
Una de las víctimas que decidió dejar de trabajar bajo esas condiciones fue atropellada por tres vehículos en la carretera N-232 y falleció como consecuencia del impacto.
Las principales responsables del grupo criminal ingresaron un total de 2.517.593 euros en sus cuentas bancarias desde el año 2022 por trabajos agrícolas.
Diversos viticultores y agricultores que contrataron los servicios del clan están siendo investigados, incluyendo una bodega y un directivo que pagaron 569.000 euros por estos servicios, siendo conscientes de la precariedad laboral de los trabajadores.
Durante el operativo se incautaron cerca de 30.000 euros en efectivo, joyas valoradas en más de 150.000 euros, abundante documentación, ocho vehículos (cinco de ellos de alta gama) y se bloquearon siete cuentas bancarias relacionadas con los implicados.