La Guardia Civil ha desarticulado una trama de estafa millonaria en Pontevedra, relacionada con contratos fraudulentos de arrendamiento de vehículos industriales. En la operación "Capitalpo", se han detenido a dos empresarios y un tercero está siendo investigado. Se recuperaron vehículos valorados en más de 1.5 millones de euros, tras descubrir un entramado que utilizaba empresas pantalla para obtener vehículos mediante contratos falsificados. La investigación comenzó tras la interceptación de un vehículo robado y ha revelado conexiones con quiebras de empresas. Las diligencias continúan bajo la dirección judicial correspondiente.
La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal en Pontevedra, dedicada a un fraude masivo a través de contratos de arrendamiento de vehículos industriales. Esta operación, conocida como “Capitalpo”, ha resultado en la detención de dos empresarios y la investigación de un tercero. Hasta el momento, se ha recuperado una flota de vehículos cuyo valor supera los 1.500.000 euros.
La pesquisa reveló un complejo entramado empresarial que operaba entre Barcelona, Pontevedra y Vigo, utilizando empresas pantalla para adquirir vehículos mediante contratos financieros fraudulentos. Estos contratos eran abandonados en cuanto dejaban de pagarse, mientras los vehículos continuaban siendo utilizados por la empresa involucrada.
El operativo comenzó en octubre del año pasado, cuando una patrulla de Tráfico interceptó un vehículo en Sanxenxo que tenía una denuncia por sustracción registrada en Madrid. En los días siguientes, se localizaron otros automóviles denunciados bajo circunstancias similares, incluyendo un coche de alta gama y varias furgonetas halladas en una nave vinculada a una constructora con sede en Vigo.
Posteriormente, se intervino un camión también reportado como robado en Tui (Pontevedra). Los investigadores pronto descubrieron que detrás de estos incidentes había una red fraudulenta bien estructurada.
A lo largo del primer trimestre de 2026, se localizaron y confiscados catorce camiones y remolques más, distribuidos entre Pontevedra y Murcia, elevando el total recuperado a más de 1,5 millones de euros. La investigación puso al descubierto la existencia de contratos presuntamente falsificados y firmas que no coincidían con sus legítimos propietarios.
Además, se identificaron domicilios ficticios y cláusulas contractuales sistemáticamente incumplidas. Las empresas implicadas habrían utilizado sociedades sin actividad real para operar fuera del marco legal y ocultar el destino verdadero de los vehículos. También se encontraron vínculos con quiebras relacionadas con varias empresas del sector congelados.