El Partido Popular ha rechazado la ley de economía social en el Pleno del Congreso, calificándola de "confusa e ideológica". La diputada Violante Tomás argumenta que el texto llega tarde y carece del consenso necesario, advirtiendo sobre sus efectos negativos para cooperativas y ciudadanos. Critica que el Gobierno priorice intereses políticos sobre el bienestar general, señalando que la ley no aborda adecuadamente las necesidades del sector. El PP aboga por una economía social efectiva, con propuestas para mejorar la legislación y reducir cargas administrativas, mientras se compromete a vigilar los posibles impactos adversos de esta normativa.
En el Pleno del Congreso
La diputada del Grupo Popular, Violante Tomás, ha expresado su rechazo a la ley de economía social, argumentando que el texto “llega tarde, está mal planteado y no tiene el consenso necesario”, lo que representa una oportunidad perdida para el sector. Según Tomás, esta norma “gustará a algunos, pero va a perjudicar a muchos”, haciendo hincapié en las cooperativas que, según ella, han quedado excluidas de un debate crucial sobre la actualización de su régimen fiscal.
La diputada critica al Gobierno por priorizar la “aritmética parlamentaria” en lugar del interés general, lo que ha dado lugar a una ley que califica de “confusa, incoherente y generadora de inseguridad jurídica”. En su opinión, el texto es un “cajón de sastre” que amalgama materias inconexas con fines políticos.
Tomás subraya que el PP aboga por una economía social fundamentada en resultados, impacto real y rendición de cuentas. Asegura que al competir en el mercado con ayudas públicas, se debe exigir el cumplimiento efectivo de los objetivos establecidos. En este sentido, sentencia que “la economía social no puede ser un eslogan ni un instrumento ideológico”.
Además, destaca el papel “responsable” del Partido Popular durante la tramitación de la ley, asegurando que no han bloqueado su avance y han presentado propuestas orientadas a mejorarla. Estas propuestas se basan en escuchar al sector y responden a demandas como la reducción de cargas administrativas, mayor seguridad jurídica y más capacidad para aumentar el impacto social.
La diputada también ha manifestado su inquietud respecto al impacto que esta legislación podría tener en el sector primario. Advierte que las cooperativas agroalimentarias, sociedades agrarias y cofradías de pescadores requieren “menos trabas, incertidumbre y más confianza” para operar eficazmente.
Finalmente, desde el Partido Popular aseguran estar atentos a la implementación de esta ley y a los posibles efectos adversos que pueda acarrear. Tomás concluye afirmando: “Si estos se confirman, cuando lleguemos al Gobierno junto a nuestro presidente Núñez Feijóo, impulsaremos las reformas necesarias para proteger el interés general y avanzar hacia una economía social integradora que sitúe en el centro a las personas, su bienestar y su futuro”.
El PP, a través de su diputada Violante Tomás, considera que la ley es “confusa e ideológica”, llega tarde, está mal planteada y carece del consenso necesario. Argumentan que esta normativa perjudicará a muchos, especialmente a las cooperativas.
El PP advierte que la ley podría generar efectos adversos para las cooperativas y los ciudadanos, señalando que ha dejado fuera un debate fundamental sobre la actualización del régimen fiscal de las cooperativas.
El Partido Popular defiende una economía social basada en resultados y rendición de cuentas, y ha presentado propuestas para mejorar la ley, enfocándose en reducir cargas administrativas y aumentar la seguridad jurídica.
El PP expresa su preocupación por el impacto que esta ley podría tener en el sector primario, indicando que las cooperativas agroalimentarias y otras entidades necesitan menos trabas e incertidumbre para operar con confianza.
Si los efectos adversos de la ley se confirman, el PP asegura que impulsarán reformas necesarias para proteger el interés general y avanzar hacia una economía social integradora centrada en las personas.