La Guardia Civil ha investigado a una mujer de 36 años en Valencia por realizar cientos de tratamientos estéticos ilegales sin la debida habilitación. En el marco de la operación "Zubar", se descubrió que esta persona, que se presentaba como doctora, ofrecía procedimientos como aumento de labios y rinomodelación en varios centros y su domicilio. La investigación comenzó tras una denuncia de una profesional del sector sanitario. Se constató que la supuesta médica, graduada en odontología, carecía de licencia para realizar estos tratamientos, lo que representa un delito de intrusismo profesional y contra la salud pública. Las autoridades advierten sobre los riesgos de someterse a tratamientos estéticos por personal no cualificado.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la operación “Zubar”, en la que se investiga a una mujer de 36 años por realizar un número considerable de tratamientos estéticos sin la debida habilitación, en diversos centros de la provincia de Valencia y, en ocasiones, en su propio hogar.
La investigación se inició tras recibir una denuncia en marzo por parte de una profesional del ámbito sanitario, quien alertó sobre la actividad ilegal de esta persona en una peluquería ubicada en Sueca (Valencia). Según el informe, los tratamientos se llevaban a cabo sin ningún tipo de control sanitario y sin las credenciales necesarias.
A medida que avanzaban las indagaciones, los agentes descubrieron que la investigada operaba en múltiples establecimientos donde se presentaba como doctora. Realizaba procedimientos estéticos como aumento de labios y pómulos, rinomodelación e infiltraciones de toxina botulínica, entre otros.
Además, utilizaba sus redes sociales para promocionar los tratamientos realizados. Esto permitió a los agentes identificar los lugares donde ejercía estas actividades y confirmar que contaba con un título en odontología obtenido en una universidad privada.
Las autoridades sanitarias competentes fueron contactadas para verificar si esta persona tenía autorización para realizar tales tratamientos. Se constató que solo los médicos especialistas en medicina estética están legalmente habilitados para llevar a cabo estas prácticas, lo cual fue respaldado por el Colegio de Médicos y el Colegio de Estomatología y Odontología.
Los testimonios recopilados por los investigadores revelaron que la mujer había realizado cientos de tratamientos. Al menos 80 clientas estaban registradas en los centros donde trabajaba, habiendo documentado más de 180 procedimientos con toxina botulínica y ácido hialurónico firmados por ella. Algunas clientas incluso afirmaron haberse sometido a tratamientos en su domicilio particular.
Asimismo, se descubrió que muchos de los centros donde operaba carecían de la licencia administrativa necesaria emitida por la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana para ofrecer estos servicios (Permiso U48).
Adicionalmente, varios establecimientos no contaban con sistemas adecuados para el almacenamiento seguro de productos ni con protocolos para la gestión correcta de residuos biológicos generados durante los tratamientos.
Como resultado, se procedió a investigar a esta mujer por intrusismo profesional, así como por delitos contra la salud pública relacionados con el suministro ilegal de medicamentos (toxina botulínica) y falsedad documental.
No se ha podido confirmar la legalidad ni trazabilidad de los productos utilizados, lo que sugiere que pudieron haber sido adquiridos ilegalmente sin seguir los procedimientos establecidos para su obtención o manipulación.
Se recomienda encarecidamente a quienes estén interesados en este tipo de tratamientos que busquen asesoramiento profesional calificado antes de proceder, ya que someterse a un tratamiento estético realizado por personal no autorizado puede poner en grave riesgo su salud e incluso su vida.
La investigación está siendo conducida por agentes del Puesto Principal de Sueca bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sueca.
A la supuesta “doctora” se le investiga por un delito de intrusismo profesional, un delito contra la salud pública mediante suministración de medicamentos (toxina botulínica) y un delito de falsedad documental.
Se comprobó que esta persona había realizado cientos de tratamientos estéticos, con al menos 80 clientas registradas y más de 180 tratamientos de toxina botulínica documentados.
La investigada realizaba tratamientos en distintos centros de la provincia de Valencia y, en algunos casos, en su propio domicilio.
La mayoría de los centros donde la supuesta “doctora” había realizado los tratamientos no presentaban la licencia administrativa correspondiente para ofertar y realizar estos tratamientos.
Se aconseja a los usuarios que se asesoren por profesionales cualificados antes de realizarse cualquier tratamiento estético, para evitar poner en riesgo su salud.