El Grupo Popular (GPP) ha logrado incorporar todas sus propuestas a la Ley de multirreincidencia en la Comisión de Justicia, buscando una aplicación más clara del derecho penal y una respuesta efectiva ante delitos como hurtos y estafas repetitivas. Se han aprobado medidas que incluyen correcciones técnicas y enmiendas sobre penas más severas para delitos relacionados con el narcotráfico. El GPP critica al PSOE por su enfoque político en esta norma, destacando la necesidad de un sistema judicial adecuado para su efectividad. Además, se denuncia la paralización de la Proposición de Ley del PP sobre multirreincidencia, que lleva 17 meses sin avanzar.
El Grupo Popular (GPP) ha logrado un avance significativo en la Comisión de Justicia, al incorporar todas sus propuestas a la Ley de multirreincidencia. Este acuerdo busca garantizar una aplicación más clara y coherente del derecho penal, así como reforzar la seguridad jurídica y proporcionar una respuesta efectiva ante delitos repetitivos como hurtos y estafas cometidos por individuos con antecedentes penales.
En total, se han aprobado siete enmiendas transaccionales y dos correcciones técnicas que complementan las cuatro enmiendas previamente aprobadas por el PP en Ponencia. Estas modificaciones abordan específicamente los hurtos reiterados de dispositivos móviles, casos de estafas multirreincidentes y la tipificación del petaqueo de combustible vinculado al narcotráfico, lo que conllevará un endurecimiento de las penas.
Entre las enmiendas transaccionadas, el diputado del GPP Santi Rodríguez ha destacado la inclusión de un pacto para la dotación de jueces de adscripción territorial, alineándose con los criterios establecidos por los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad autónoma. Además, se ha apoyado una enmienda presentada por Junts que busca eliminar ambigüedades en la valoración de robos en explotaciones agrícolas y ganaderas.
No obstante, Rodríguez ha criticado al PSOE, acusándolo de utilizar esta norma como una oportunidad para congraciarse con Puigdemont y prolongar su permanencia en el Gobierno. Según él, “la norma no puede ser eficaz por sí misma”, ya que depende de un sistema judicial adecuadamente dimensionado y de recursos suficientes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FyCSE), algo que considera inviable bajo la actual administración.
Rodríguez también ha subrayado que el valor anual asociado a hurtos y estafas en comercios españoles asciende a 2.800 millones de euros, lo que representa más de 500 millones en perjuicios para las Administraciones Públicas. Asimismo, ha denunciado que la Proposición de Ley del PP sobre multirreincidencia continúa paralizada “en el congelador de Armengol”, acumulando 52 prórrogas desde su consideración inicial hace 17 meses. El diputado ha señalado que hubiera sido más lógico unir este trámite parlamentario con el de Junts, tal como se hizo con otras iniciativas relacionadas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2.800 millones | Valor anual de los hurtos y estafas en los comercios españoles |
| 500 millones | Perjuicio para las Administraciones Públicas |
| 52 | Número de prórrogas acumuladas por la Proposición de Ley del PP |
| 17 meses | Tiempo transcurrido desde la toma en consideración de la Proposición de Ley |
El Grupo Popular consiguió incorporar al Dictamen de la futura norma todas las modificaciones planteadas al texto, para garantizar una aplicación más clara y coherente del derecho penal, reforzar la seguridad jurídica y asegurar una respuesta efectiva contra la comisión repetitiva de hurtos, estafas o pequeños robos por sujetos con condenas previas.
Se aprobaron siete enmiendas transaccionales y dos correcciones técnicas, además de cuatro enmiendas que el PP logró aprobar en Ponencia sobre hurtos reiterados de móviles, estafas multirreincidentes y la tipificación del petaqueo de combustible usado para el narcotráfico.
Santi Rodríguez destaca el pacto sobre la dotación de jueces de adscripción territorial según los criterios que expresen los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades, estableciendo un mínimo.
El GPP criticó que el PSOE solo vea en esta norma “una oportunidad para congraciarse con Puigdemont” y que esto prolongue la permanencia del Gobierno actual.
El valor anual de los hurtos y estafas en comercios españoles es de 2.800 millones, lo que representa más de 500 millones de perjuicio para las Administraciones Públicas.
Denuncia que la Proposición de Ley sigue paralizada “en el congelador de Armengol”, acumulando 52 prórrogas al texto 17 meses después de su toma en consideración.