La Guardia Civil y la Policía Nacional han liberado a 162 mujeres víctimas de explotación sexual por una organización criminal en varias provincias españolas. La operación, que incluyó 39 registros y la detención de 37 personas, reveló un entramado que captaba a mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad, obligándolas a ejercer la prostitución en condiciones deplorables. Los inmuebles utilizados eran reformados para aparentar ser locales de masajes, donde las víctimas vivían hacinadas y bajo constante vigilancia. La investigación también ha comenzado a indagar sobre posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta actividad delictiva.
La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera han llevado a cabo una operación conjunta que ha resultado en la liberación de 162 mujeres, quienes eran víctimas de una organización criminal dedicada a la explotación sexual. Esta red operaba en varios inmuebles que adquirían y convertían en prostíbulos.
Durante la operación, se detuvo a 37 individuos: 22 en Valencia, cuatro en Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante. Nueve de los arrestados han sido ingresados en prisión provisional. Se realizaron un total de 39 registros en siete provincias españolas.
La investigación comenzó tras la denuncia de tres mujeres que afirmaron haber sido explotadas sexualmente por varios hombres en distintas localidades del país. A partir de estas declaraciones, los investigadores lograron identificar una organización criminal que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, principalmente en las provincias de la Comunidad Valenciana, aunque su actividad se había extendido a Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona.
Dicha organización captaba a mujeres de origen sudamericano tanto dentro de España como en sus países natales. Muchas de estas mujeres se encontraban en situaciones vulnerables y carecían de permisos de residencia y trabajo, siendo forzadas a ejercer la prostitución en diversas localizaciones del territorio español.
Para llevar a cabo sus actividades ilícitas, la organización compraba o alquilaba propiedades directamente o mediante sociedades creadas para tal fin, intentando darles una apariencia legal al camuflarlos como locales de masajes. Las propiedades elegidas eran principalmente viviendas unifamiliares o locales comerciales que eran reformados para adaptarse a sus fines delictivos.
Las víctimas vivían hacinadas en condiciones deplorables, durmiendo en literas o incluso compartiendo camas con clientes. Estos lugares estaban cerrados y frecuentemente presentaban problemas de ventilación y condiciones insalubres.
Cada inmueble contaba con encargadas disponibles las 24 horas, responsables no solo del control sobre las mujeres sino también del cobro a los clientes y del suministro de sustancias estupefacientes cuando era solicitado. Además, gestionaban las líneas telefónicas asociadas con anuncios de prostitución publicados en diversas páginas web especializadas.
Las víctimas tenían restringido el tiempo fuera del local a solo dos horas al día durante la mañana y debían estar disponibles constantemente. Los líderes de la organización supervisaban los locales mediante un sistema de videovigilancia instalado dentro de cada propiedad dedicada a la prostitución.
La investigación reveló que esta red criminal estaba estructurada en tres niveles jerárquicos. En la cúspide se encontraban los líderes —con vínculos familiares entre ellos— quienes eran propietarios o arrendatarios de los inmuebles y obtenían los mayores beneficios económicos. El segundo nivel consistía en personas cercanas encargadas de supervisar los locales y coordinar el trabajo diario. Por último, el tercer nivel incluía a las encargadas que vigilaban a las víctimas junto con otros colaboradores como conductores y reformistas.
La operación culminó con el registro de 39 inmuebles distribuidos entre Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona. En estos registros se incautaron 141.000 euros en efectivo y tres vehículos utilizados por la organización.
Aparte del operativo policial principal, el Área Regional de Vigilancia Aduanera inició una investigación patrimonial centrada en el blanqueo de capitales vinculado a esta organización criminal. Se identificaron individuos que controlaban las sociedades utilizadas para canalizar los beneficios derivados de su actividad ilegal.
Dicha investigación sigue abierta mientras se analiza información bancaria y documentación encontrada durante los registros domiciliarios. Esto incluye libretas contables relacionadas con cada local explotador y ordenadores donde se gestionaban las cuentas por parte de los líderes organizativos.
La Policía Nacional ha habilitado una línea telefónica (900105090) así como un correo electrónico (trata@policia.es) para facilitar la colaboración ciudadana y permitir denuncias anónimas sobre delitos relacionados con la explotación sexual. Las llamadas no quedan reflejadas en las facturas telefónicas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 162 | Mujeres liberadas |
| 37 | Personas detenidas |
| 39 | Registros realizados |
| 141,000 | Euros incautados en efectivo |
Se liberaron a 162 mujeres que eran víctimas de explotación sexual por una organización criminal.
Era una organización criminal dedicada a captar a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad y obligarlas a ejercer la prostitución.
Se detuvieron a 37 personas, de las cuales nueve ingresaron en prisión provisional.
La organización adquiría o alquilaba inmuebles y los convertía en prostíbulos, camuflándolos como locales de masajes y controlando a las víctimas mediante vigilancia constante.
Las víctimas vivían en condiciones deplorables, hacinadas, con poco tiempo para salir y bajo un estricto control por parte de los encargados.
Se han realizado registros en múltiples provincias y se está llevando a cabo una investigación patrimonial para identificar y bloquear bienes relacionados con la actividad criminal.