La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado una organización criminal que perpetró un fraude de aproximadamente 69 millones de euros en el sector de las bebidas alcohólicas entre 2018 y 2024. En la operación, denominada GALLAGHER y dirigida por la Fiscalía Europea, se detuvo a ocho miembros del grupo en diversas ciudades españolas. La trama operaba a través de una red de 93 empresas en varios países, utilizando depósitos fiscales para evadir el pago del IVA. Los cabecillas, tres ciudadanos españoles, empleaban testaferros para ocultar su implicación en actividades delictivas. La investigación fue apoyada por múltiples unidades de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
La organización, con amplias conexiones internacionales, se había especializado durante años en llevar a cabo delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea y la Hacienda Pública. Su operativa se basaba en un entramado empresarial compuesto por 93 mercantiles ubicadas en España, Portugal, Alemania, Malta y las Islas Turcas y Caicos. Además, contaba con una estructura paralela destinada a canalizar fondos procedentes de actividades ilícitas, los cuales eran sometidos a procedimientos de blanqueo de capitales.
La investigación se centró en un posible fraude intracomunitario relacionado con el IVA, aprovechando las normativas europeas que eximen este impuesto en transacciones entre Estados miembros. En este contexto, el Área Regional de Inspección de la AEAT en Valencia presentó una denuncia ante la Fiscalía Europea en 2023.
El modus operandi incluía la utilización de depósitos fiscales situados principalmente en Holanda, Portugal y España. Los investigadores confirmaron que grandes cantidades de alcohol eran importadas desde estos depósitos hacia uno ubicado en España, donde ingresaban sin el pago correspondiente de tributos según la legislación europea.
El impuesto solo se devengaría cuando los productos salieran del depósito fiscal para su distribución comercial o consumo. Sin embargo, intermediarios ficticios conocidos como “missing traders”, controlados por la organización criminal, adquirían el alcohol asumiendo el IVA y luego desaparecían sin cumplir con sus obligaciones fiscales.
A través de una red de empresas fantasma respaldadas por facturas falsas, se ocultaba toda la cadena fraudulenta. Finalmente, el producto era distribuido en España mediante distribuidores bajo control de la red criminal, quienes nunca ingresaban realmente el IVA correspondiente a las facturas emitidas. Esta falta de ingreso permitía ofrecer precios más bajos ilegalmente, generando competencia desleal.
En la cúspide de esta organización se encontraban tres ciudadanos españoles que utilizaban una estructura de testaferros al frente de numerosas empresas instrumentales. Esto les permitía desvincularse aparentemente de las actividades comerciales y dificultar la trazabilidad del producto mientras hacían recaer sobre estas mercantiles las responsabilidades penales derivadas de sus acciones delictivas.
La investigación fue llevada a cabo por la Unidad Central Operativa junto con la Agencia Tributaria a través de la Oficina Nacional del Fraude (ONIF), bajo la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO). La EPPO es una fiscalía independiente encargada de investigar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
Las operaciones contaron con el respaldo de diversas Unidades Zonas de la Guardia Civil distribuidas por Madrid, Cataluña, Islas Baleares y Navarra, así como Comandancias en Barcelona, Lérida, Cádiz, La Coruña y Valencia. También participaron unidades especializadas como el Servicio Cinológico y el Servicio Aéreo.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 69 M€ | Fraude total en el sector de bebidas alcohólicas |
| 8 | Miembros detenidos de la organización criminal |
| 93 | Mercantiles involucradas en la trama |
| 2018 - 2024 | Años de actividad del fraude |
Se ha desarticulado una importante organización criminal especializada en el fraude masivo en el sector de las bebidas alcohólicas.
A la organización se le responsabiliza de un fraude de cerca de 69 millones de euros entre los años 2018 y 2024.
Han sido detenidos 8 miembros de la organización durante las operaciones realizadas en varias ciudades españolas.
La organización utilizaba un entramado empresarial de 93 mercantiles en varios países para eludir el pago del IVA y realizar blanqueo de capitales.
Cometían delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea y contra la Hacienda Pública, específicamente mediante fraudes intracomunitarios de IVA.
La operación fue dirigida por la Fiscalía Europea, con la colaboración de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Se realizaron 19 entradas y registros en diversas localidades como Madrid, Barcelona, La Coruña, Ibiza, Jerez de la Frontera y Valencia.
Los cabecillas eran tres ciudadanos españoles que utilizaban testaferros para desvincularse aparentemente de las actividades delictivas.