La Guardia Civil investiga a 38 personas en Málaga por captaciones ilegales de agua, esclareciendo 20 delitos relacionados con el aprovechamiento de recursos hídricos y formulando 187 denuncias por infracciones a la normativa de aguas. La operación incluyó 110 inspecciones en pozos y balsas, revelando un caso significativo de extracción ilegal de agua por parte de una empresa constructora que habría generado beneficios superiores a 240.000 euros. Las acciones se llevan a cabo en medio de una situación de sequía persistente en la región, lo que ha agravado las infracciones relacionadas con el uso del agua.
La Guardia Civil ha iniciado investigaciones contra 36 individuos y dos entidades jurídicas por delitos relacionados con la usurpación de aguas públicas y violaciones a la normativa medioambiental. Hasta el momento, se han esclarecido un total de 20 delitos vinculados al aprovechamiento indebido de recursos hídricos que podrían tener un impacto negativo en el entorno natural. Esta operación policial, que ha durado casi un año, ha incluido 110 inspecciones a infraestructuras dedicadas a la extracción y manipulación de agua, centradas principalmente en pozos, sondeos y balsas de acumulación.
Uno de los casos más destacados involucra a una empresa de venta de materiales de construcción, cuyos responsables habrían estado extrayendo agua de pozos durante al menos cinco años para su distribución ilegal a viviendas, piscinas e industrias. Se estima que esta actividad generó un volumen total de 12 millones de litros, utilizando alrededor de 2.400 cubas, lo que habría reportado beneficios superiores a los 240.000 euros, sin considerar el daño causado al dominio público hidráulico.
Además de las captaciones ilegales mencionadas, se han registrado 187 infracciones administrativas relacionadas con el uso del agua. Estas incluyen extracciones no autorizadas o en cantidades excesivas, la falta de contadores volumétricos para medir consumos y el uso del agua para fines no permitidos. También se han detectado otras irregularidades como la apertura no autorizada de pozos o sondeos, la construcción de balsas y depósitos sin licencia urbanística, así como la conversión ilegal de terrenos agrícolas.
La situación hídrica en la provincia ha sido especialmente crítica durante los últimos meses, con una declaración oficial de “sequía persistente” que ha llevado a establecer restricciones en diversas áreas.
Dicha investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en Málaga, bajo la supervisión y coordinación de la Fiscalía de Medioambiente local. En este proceso también han participado el Servicio de Dominio Público Hidráulico de la Junta de Andalucía y los Guardas Fluviales junto con agentes del Medio Ambiente.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 38 | Personas investigadas |
| 20 | Delitos esclarecidos |
| 187 | Denuncias por infracciones |
| 2.400 | Cubas utilizadas |
| 12 millones | Litros de agua extraídos |
| 240.000 | Euros en beneficios estimados |
La Guardia Civil investiga a 38 personas, de las cuales 36 son personas físicas y 2 son personas jurídicas.
Se investigan delitos de usurpación de aguas públicas y contra el medio ambiente, con un total de 20 delitos esclarecidos relacionados con el aprovechamiento de recursos hídricos.
Se han formulado 187 denuncias por infracciones administrativas en materia de aguas, incluyendo extracciones sin autorización y otras irregularidades.
Las captaciones ilegales han tenido un posible daño y perjuicio para el dominio público hidráulico, agravadas por la situación de sequía persistente en la provincia.
La investigación ha sido realizada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Málaga, bajo la dirección de la Fiscalía de Medioambiente de Málaga.