La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Huesca por tener a cerca de 200 trabajadores temporeros viviendo en condiciones precarias. La operación, que involucró la investigación de varias empresas frutícolas y de trabajo temporal, reveló que los trabajadores residían en domicilios insalubres y hacinados, con graves riesgos para su salud y seguridad. Se constató que algunos empresarios imponían condiciones laborales abusivas, como el pago diferido de salarios. La intervención fue coordinada con el Ayuntamiento y Servicios Sociales de la comarca del Bajo Cinca.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de dos individuos y la investigación de una tercera persona, así como de tres empresas frutícolas en la comarca del Bajo Cinca (Huesca) y otras tres de trabajo temporal ubicadas en Castellón, Barcelona y Madrid. Estas acciones se deben a la explotación de cerca de 200 trabajadores dedicados a la recogida de fruta, quienes se encontraban viviendo en condiciones precarias.
La operación se inició a principios del mes tras recibir varias denuncias que alertaban sobre la situación de estos trabajadores en dos domicilios en Candasnos y en una finca que anteriormente funcionaba como establecimiento hostelero. Los informes indicaban que alrededor de 200 personas de diversas nacionalidades estaban viviendo en condiciones que vulneraban sus derechos laborales y humanos.
Durante las investigaciones, los agentes confirmaron que aproximadamente 50 personas residían en viviendas con riesgo de derrumbe, incluyendo familias con menores. Además, hallaron a 147 trabajadores hacinados en una finca donde las condiciones eran insalubres, sin un adecuado sistema de saneamiento y con instalaciones eléctricas deficientes, lo que representaba un claro peligro de incendio. También se detectó que se realizaban obras sin autorización para aumentar el número de habitaciones y alojar a más personas.
Con el apoyo del Ayuntamiento de Candasnos y los Servicios Sociales locales, se procedió al registro de la finca, resultando en la detención de dos hombres, uno de 61 años y otro de 52, por delitos contra los derechos laborales y los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Las investigaciones revelaron que el propietario de las propiedades tenía conexiones con los empresarios involucrados en las empresas frutícolas y temporales, buscando obtener beneficios económicos mediante el alojamiento de los trabajadores. Se constató que una de estas empresas retenía parte del salario a modo de pago por alojamiento y transporte diario al trabajo, además de imponer condiciones laborales abusivas como el pago diferido para cubrir el costo del billete de regreso al país natal.
Esta operación fue ejecutada por la Compañía de la Guardia Civil de Fraga bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 2 de Fraga (Huesca). La colaboración incluyó también a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a Protección Civil del Bajo Cinca y Cruz Roja.
Los trabajadores afectados contaban con permisos temporales para residir y trabajar en actividades estacionales bajo el programa migratorio conocido como Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), facilitado por el Ministerio de Migraciones. Ante el riesgo presente debido a las condiciones inadecuadas, se coordinó su reubicación con ayuda del Ayuntamiento local.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2 | Número de detenidos |
| 1 | Número de personas investigadas |
| 200 | Número total de trabajadores afectados |
| 50 | Número de personas viviendo en condiciones precarias en un domicilio |
| 147 | Número de personas hacinadas en una finca |
La Guardia Civil detuvo a dos personas e investigó a otra y varias empresas por tener a cerca de 200 trabajadores temporeros viviendo en condiciones precarias en la comarca del Bajo Cinca, Huesca.
Cerca de 200 trabajadores dedicados a la recogida de fruta se encontraban en condiciones precarias.
Los trabajadores vivían en condiciones insalubres, hacinados, sin adecuada canalización de aguas fecales y con riesgo de incendio debido a instalaciones eléctricas precarias.
La investigación comenzó tras recibir tres denuncias sobre las condiciones de vida de los trabajadores en dos domicilios y una finca en Candasnos.
Se registró la finca donde vivían los trabajadores, se detuvo a dos personas por delitos contra los derechos de los trabajadores y se coordinó el realojo de algunos afectados con Servicios Sociales y el Ayuntamiento.
El propietario de los inmuebles estaba vinculado con los empresarios implicados para obtener beneficios económicos mediante el alojamiento de los trabajadores.
Una empresa retenía parte del salario de los trabajadores por concepto de alojamiento y transporte, además de imponer condiciones laborales abusivas como el pago diferido para el billete de avión al país de origen.