El 12 de junio de 2025, la exministra croata de Desarrollo Regional y Fondos de la UE fue condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La sentencia del Tribunal del Condado de Zagreb se deriva de una acusación presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO). La exministra infló el valor estimado de un contrato público para favorecer a un empresario, lo que resultó en un daño estimado al presupuesto de la UE de al menos un millón de euros. Además, se encuentra en curso un proceso penal contra otros tres acusados relacionados con el caso. Para más información, visita el enlace.
La justicia croata ha dictado sentencia contra la exministra de Desarrollo Regional y Fondos de la UE, quien ha sido condenada a dos años de prisión por abuso de poder y tráfico de influencias. La decisión fue tomada por el Tribunal del Condado de Zagreb, en un caso que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional.
Esta condena se produce tras una acusación formal presentada por la Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) en Zagreb. Junto a la exministra, también fueron acusados el exdirector de la Agencia Central de Finanzas y Contratación (SAFU) y dos empresarios.
Los hechos se remontan a 2017, cuando la exministra inició un procedimiento de contratación pública para un sistema informático. Durante este proceso, tomó medidas para favorecer a un empresario y sus empresas, inflando indebidamente el valor estimado del contrato y optando por un procedimiento negociado sin publicidad previa. Esto permitió que las empresas del empresario presentaran sus ofertas, resultando en un contrato otorgado por un precio exorbitante de 1.73 millones de euros.
A lo largo de la investigación, la EPPO descubrió que tanto la exministra como los empresarios continuaron intentando adjudicar el contrato a pesar de que el procedimiento había sido anulado debido a violaciones de la ley sobre contratación pública.
A pesar de las irregularidades, el contrato se firmó y los empresarios recibieron grandes sumas de dinero, que fueron transferidas a sus cuentas o retiradas en efectivo. Se estima que el daño al presupuesto de la UE supera un millón de euros, mientras que el perjuicio al presupuesto estatal croata asciende a casi 300,000 euros.
La sentencia fue resultado de un acuerdo judicial, ya que la exministra admitió su culpabilidad y pagó previamente 200,000 euros como compensación parcial por los daños causados. Sin embargo, esto no limita el derecho de otros demandantes a reclamar compensaciones adicionales.
Las acciones legales continúan contra los otros tres acusados: el exdirector del SAFU y los dos propietarios implicados, así como sus respectivas empresas. Este caso subraya el compromiso del EPPO en investigar y procesar delitos relacionados con los intereses financieros de la Unión Europea.
El EPPO actúa como una oficina independiente dentro del marco judicial europeo, enfocándose en salvaguardar los recursos económicos comunitarios frente a actividades ilícitas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2 años | Sentencia de prisión impuesta al exministro. |
| €1.73 millones | Precio del contrato otorgado a las empresas del empresario. |
| €1 millón | Dañó estimado al presupuesto de la UE. |
| €300,000 | Dañó estimado al presupuesto estatal de Croacia. |
| €200,000 | Cantidad pagada como compensación parcial por el daño. |
La exministra ocupaba el cargo de Ministra de Desarrollo Regional y Fondos de la UE (MRRFEU) en Croacia.
Fue condenada por abuso de oficina y autoridad, así como por comercio de influencias, lo que resultó en una sentencia de dos años de prisión.
La exministra infló el valor estimado del contrato y realizó un procedimiento negociado sin publicar una invitación a licitar, favoreciendo a ciertas empresas. El contrato se adjudicó a un precio irrealmente alto de 1.73 millones de euros.
Se estima que el daño al presupuesto de la UE es de al menos 1 millón de euros y casi 300,000 euros al presupuesto estatal de Croacia.
La exministra llegó a un acuerdo de culpabilidad y pagó 200,000 euros como compensación parcial por los daños antes de firmar el acuerdo.
Los procedimientos penales contra los otros tres acusados, incluyendo al exdirector de SAFU y dos propietarios de empresas involucradas, aún están en curso.