La Guardia Civil y la Policía Nacional han liberado a 45 personas que eran explotadas laboralmente en fincas agrícolas de cinco comunidades autónomas en España. La operación, denominada "Lhotse-Tiger", desarticuló una red de trata de seres humanos con base en Zaragoza, compuesta por ciudadanos pakistaníes y argentinos que captaban migrantes vulnerables. Las víctimas vivían en condiciones infrahumanas y eran engañadas con falsas promesas de trabajo digno. Nueve personas han sido detenidas, tres de ellas en prisión provisional. Esta investigación revela la grave problemática de la explotación laboral en el sector agrícola español.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo una importante operación denominada «Lhotse-Tiger», que ha resultado en la desarticulación de una red dedicada a la trata de seres humanos y la explotación laboral. Esta acción ha permitido la liberación de 45 víctimas que se encontraban trabajando en condiciones infrahumanas en fincas agrícolas distribuidas por varias comunidades autónomas, incluyendo Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana y Extremadura.
La organización criminal, con sede en Zaragoza, estaba compuesta por individuos de origen pakistaní y argentino, quienes se especializaban en captar y explotar a migrantes vulnerables provenientes de países como Nepal, Pakistán e India. Las víctimas eran engañadas con promesas de empleo digno en España. Hasta el momento, se han detenido a nueve personas en las provincias de Zaragoza (3), Ávila (3), Cáceres (2) y Barcelona (1), de las cuales tres han sido ingresadas en prisión provisional.
La investigación ha puesto al descubierto una organización que proporcionaba mano de obra a diversas empresas a nivel nacional, aprovechándose de la situación irregular y económica precaria de sus víctimas. Estas eran alojadas en viviendas insalubres bajo vigilancia constante y sin acceso a documentación legal.
Las declaraciones recogidas indican que muchos de los trabajadores habían sido traídos desde Europa oriental y enfrentaban situaciones extremas de pobreza. Además, el grupo criminal les cobraba por alojamiento, transporte hacia sus lugares de trabajo e incluso por conseguirles empleo.
El inicio de esta investigación se remonta a 2024, cuando durante una inspección se detectó a varios temporeros asiáticos viviendo en condiciones precarias dentro de una nave perteneciente a una empresa alimentaria ubicada en Candeleda, Ávila. Como resultado, fueron detenidos un encargado del cuidado de las mujeres involucradas y dos responsables de dicha empresa por su complicidad con la situación.
Días antes, otro hallazgo había revelado la existencia de trabajadores nepalíes sometidos a explotación en Valverde de la Vera (Cáceres). En este caso, se encontraron siete trabajadores irregulares que utilizaban documentación falsificada y vivían en condiciones deplorables.
La interconexión entre ambas investigaciones llevó a las fuerzas del orden a realizar operaciones conjuntas que resultaron en más detenciones y liberaciones. En Barcelona, un individuo fue arrestado por exigir dinero a un trabajador explotado en Ávila como condición para devolverle su documentación. Asimismo, dos responsables fueron detenidos en Cáceres relacionados con la explotación agrícola donde se habían encontrado anteriormente a los nepalíes.
Finalmente, tras un año y medio de indagaciones exhaustivas, los investigadores llevaron a cabo registros simultáneos en dos domicilios situados en Caspe (Zaragoza). Esto culminó con la detención de tres miembros clave del grupo criminal y la liberación de más de veinte migrantes hacinados.
Los trabajadores liberados vivían apiñados sobre colchones en condiciones inadecuadas; solo contaban con un baño para todos ellos y habitaban estancias con serias deficiencias estructurales. Provenientes del este europeo, estos individuos enfrentaban una situación crítica: debían pagar al grupo criminal 100 euros mensuales, además de siete euros diarios por el transporte hacia sus trabajos. En ocasiones, los explotadores actuaban como intermediarios ante empleadores para asegurarles trabajo, quedándose así con parte de sus salarios.
Tres de los detenidos han sido enviados a prisión provisional acusados por delitos relacionados con la trata humana con fines laborales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.
Para obtener más información sobre este caso, se puede contactar con la oficina de prensa de la Guardia Civil en Ávila al teléfono 920 22 44 00 (extensión 1210009) o al 690 73 33 83.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 45 | Personas liberadas de explotación laboral |
| 9 | Personas detenidas en la operación |
| 3 | Detenidos que han ingresado en prisión provisional |
| 100 | Euros mensuales que los trabajadores debían pagar a los explotadores |
| 7 | Euros diarios que los trabajadores debían pagar por ser transportados al trabajo |
Se liberaron a 45 personas que eran explotadas laboralmente en fincas agrícolas de cinco comunidades autónomas.
Las víctimas vivían y trabajaban en condiciones infrahumanas, en viviendas insalubres y bajo constante vigilancia, sin documentación y con una obligación de pagar al grupo criminal por alojamiento y transporte.
Las víctimas eran engañadas con falsas promesas de trabajo digno y se les cobraba por alojarse, ser transportadas hasta sus lugares de trabajo o conseguirles empleo. Además, vivían en hacinamiento y debían pagar cuotas mensuales al grupo criminal.
La organización estaba compuesta por ciudadanos de origen pakistaní y argentino que se especializaban en la captación y explotación de migrantes vulnerables provenientes de países como Nepal, Pakistán e India.
La Guardia Civil y la Policía Nacional realizaron una serie de detenciones, registros y liberaciones de víctimas a lo largo de la investigación, que duró más de un año y medio.
Tres de los detenidos han ingresado en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.