La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra cinco individuos en Bulgaria por un fraude de más de 6 millones de euros relacionado con maquinaria de construcción. Los acusados, parte de un grupo criminal organizado, establecieron ocho empresas para malversar fondos de la UE destinados a mejorar la eficiencia energética de pequeñas y medianas empresas. En 2022, se realizaron registros en 25 ubicaciones y se incautaron documentos y equipos de construcción. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas de prisión de entre uno y diez años. La investigación comenzó tras un informe inicial de la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) ha presentado cargos contra cinco individuos en Sofía, Bulgaria, por su presunta implicación en un fraude que supera los 6 millones de euros, relacionado con maquinaria de construcción. Este caso se enmarca dentro de un esquema a gran escala que busca desviar fondos del presupuesto de la Unión Europea.
Los acusados forman parte de un grupo organizado cuyo objetivo era la malversación de fondos europeos. Para llevar a cabo su plan, establecieron ocho empresas distintas, las cuales administraban directamente o a través de terceros. Estas compañías solicitaron financiación bajo el programa operativo ‘Innovaciones y Competitividad’ (OPIC) 2014-2020, destinado a mejorar la eficiencia energética en pequeñas y medianas empresas (PYMES), cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (ERDF).
A través de estas empresas, se adquirieron 38 piezas diferentes de maquinaria de construcción, incluyendo volquetes, excavadoras, cargadores frontales, un bulldózer, camiones, tamices y transportadores, con un costo total de 6.046.553 euros. Sin embargo, este equipo nunca fue utilizado conforme al acuerdo de financiación; en cambio, parte del mismo fue vendido.
En 2022, la EPPO llevó a cabo una serie de registros y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana. Las operaciones incluyeron las sedes de las empresas involucradas y propiedades relacionadas. Durante estas acciones, se incautaron documentos, computadoras y dispositivos móviles por parte de la Dirección General de Policía para combatir el crimen organizado del Ministerio del Interior.
Aparte del fraude inicial, se ha abierto una investigación separada por lavado de dinero contra uno de los acusados, quien supuestamente transfirió 3 millones de euros a un banco austríaco. Esta investigación se inició tras un informe preliminar emitido por la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas que oscilan entre uno y seis años de prisión por el uso indebido de fondos europeos y entre tres y diez años adicionales por su participación en un grupo criminal organizado.
Todas las personas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes búlgaros.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| €6,046,553 | Costo total de la maquinaria adquirida |
| 38 | Número de piezas de maquinaria adquiridas |
| 1 a 6 años | Posible pena de prisión por el uso indebido de fondos de la UE |
| 3 a 10 años | Posible pena adicional por participación en un grupo criminal organizado |
La Fiscalía Pública Europea (EPPO) en Sofía ha presentado acusaciones contra cinco individuos sospechosos de defraudar al presupuesto de la UE por más de 6 millones de euros en un esquema a gran escala que involucraba maquinaria de construcción.
Los acusados supuestamente formaban parte de un grupo criminal organizado que tenía como objetivo la malversación de fondos de la UE. Para ello, establecieron ocho empresas diferentes que gestionaban directa o indirectamente y solicitaron financiación bajo el Programa Operativo 'Innovaciones y Competitividad' (OPIC) 2014-2020.
Las empresas compraron 38 piezas separadas de equipo de construcción, incluyendo volquetes, excavadoras, cargadores frontales y camiones, por un costo total de 6.046.553 euros. Sin embargo, la maquinaria nunca se puso en servicio según el acuerdo de financiación y fue vendida en parte.
En 2022, la EPPO realizó búsquedas y confiscaciones en 25 ubicaciones en Sofía, Pernik y Montana, incluyendo las oficinas centrales de las empresas implicadas. Se incautaron documentos, computadoras y equipos de construcción relacionados con el caso.
Si se les encuentra culpables, los acusados enfrentan penas de uno a seis años de prisión por el uso indebido de fondos europeos y entre tres a diez años por participar en un grupo criminal organizado.
La investigación comenzó a partir de un informe inicial presentado por la Oficina Europea Antifraude (OLAF).
El EPPO es la oficina pública independiente del Ministerio Público de la Unión Europea responsable de investigar, procesar y llevar ante los tribunales delitos contra los intereses financieros de la UE.