La eurodiputada del Partido Popular, Dolors Montserrat, ha llevado a la Comisión Europea las denuncias de intimidaciones y presiones sufridas por la juez Beatriz Biedma, quien investigaba al hermano del presidente del Gobierno español. Biedma ha denunciado haber sido objeto de maniobras intimidatorias mientras trabajaba en un caso de prevaricación y otros delitos. Montserrat pide a la Comisión que evalúe si estos hechos comprometen la independencia judicial en España y si son compatibles con los tratados europeos sobre el Estado de Derecho. La eurodiputada destaca la importancia de proteger a los jueces frente a presiones externas que puedan afectar su imparcialidad.
La eurodiputada del Partido Popular y vicepresidenta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha elevado a la Comisión Europea una pregunta escrita que pone de relieve las serias intimidaciones e interferencias denunciadas por la magistrada Beatriz Biedma. Esta jueza está al frente de la investigación contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
La inquietante consulta se produce tras la comparecencia de Biedma ante la Audiencia Nacional, donde expuso haber sido objeto de amenazas y maniobras hostiles dirigidas hacia ella y su familia mientras llevaba a cabo su labor en el caso contra Sánchez, quien enfrenta acusaciones por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública. La condena por prevaricación administrativa resultó en una inhabilitación de nueve años.
Un informe elaborado por la UCO que forma parte de esta investigación incluye testimonios que sugieren seguimientos a Biedma y contactos con individuos relacionados con el narcotráfico, donde se habría discutido la posibilidad de “eliminar” a la magistrada.
“Europa no puede permanecer indiferente ante un caso como este: una jueza denuncia haber sufrido intimidaciones por el ejercicio de su función, mientras los investigadores a su cargo reportan presiones. La independencia judicial no es negociable según a quién afecte; es un pilar fundamental del Estado de Derecho europeo”, subrayó Montserrat.
La eurodiputada solicita a la Comisión que evalúe si estos hechos son compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea, así como con las garantías europeas que aseguran la independencia judicial en los Estados miembros.
Dolors Montserrat también cuestiona qué tipo de garantías ofrece el Derecho de la Unión ante las presiones ejercidas sobre investigadores involucrados en casos que afectan a figuras cercanas al poder político. Además, indaga sobre las acciones concretas que está dispuesta a implementar la Comisión para verificar estos hechos y determinar si comprometen la independencia judicial en España.
El objetivo es que la Comisión Europea asuma su rol como garante de los Tratados, evaluando si los incidentes investigados requieren seguimiento dentro de los mecanismos europeos destinados a proteger el Estado de Derecho.
“La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los jueces deben estar protegidos contra intervenciones o presiones externas que puedan afectar su juicio independiente. Si se confirma que se recabó información sobre sus movimientos y los de sus hijas, se investigaron sus rutinas, se difundieron imágenes de sus hijos o se contactó con personas potencialmente violentas para intimidarla, así como intentos por condicionar las investigaciones mediante presiones sobre los agentes, el impacto para el Estado de Derecho europeo sería monumental”, concluyó Dolors Montserrat.
Dolors Montserrat ha presentado una pregunta escrita para llamar la atención sobre las graves intimidaciones e interferencias denunciadas por la magistrada Beatriz Biedma, quien estaba investigando a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
David Sánchez está siendo investigado por prevaricación, tráfico de influencias, malversación y delitos contra la Administración y la Hacienda Pública.
La juez ha denunciado haber sido víctima de intimidaciones y maniobras dirigidas contra ella y su familia, incluyendo seguimientos y contactos con personas vinculadas al narcotráfico que plantearon la posibilidad de "eliminar" a la magistrada.
Montserrat solicita que se determine si estos hechos son compatibles con los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea y con las garantías europeas de independencia judicial para los Estados miembros.
Montserrat enfatiza que la independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho europeo y no debe ser elegible según a quién afecta. Si se confirman las presiones sobre los jueces, esto representaría un gran problema para el Estado de Derecho en Europa.