El marino remueve el café y comenta:
—Mientras unos gobiernos entregan dinero para gastarlo, otros ayudan para que se invierta y crezca. Una diferencia que tiene repercusiones culturales, económicas y políticas.
Las llamadas «cuentas Trump», poco comentadas, proponen que cada niño estadounidense nacido entre 2025-2028 reciba 1.000 dólares, depositados en una cuenta de inversión a su nombre. La familia podrá añadir hasta 5.000 dólares/año. Las empresas podrán aportar hasta 2.500 dólares/hijo de sus empleados. Un dinero invertido en fondos indexados de bajo coste que no puede retirarse antes de los 18 años.
El Reino Unido permite aportar hasta 9.000 libras/año a las Junior ISA, cuentas infantiles cuyos intereses y plusvalías están exentos. Australia obliga a las empresas a destinar el 12 % del salario de sus trabajadores a fondos de jubilación. Singapur articula un sistema de ahorro obligatorio destinado a la jubilación, vivienda y sanidad que, según la edad, pueden alcanzar el 37 % del salario.
No son modelos idénticos ni trasladables, pero comparten una idea que en España ni siquiera se contempla convertir una parte de la renta actual en seguridad futura.
La joven profesora añade:
—Las cantidades son modestas, aunque lo relevante es la filosofía. No son ayudas al consumo, sino una semilla de un patrimonio que no garantiza riqueza, porque habrá crisis, familias que no puedan aportar y rendimientos distintos a los previstos. Aunque introduce tres elementos desterrados de la política española, el ahorro, la capitalización y el largo plazo.
Con una rentabilidad media del 7 % anual —referencia histórica—, los 1.000 dólares serían unos 3.380 a los 18 años y a los 70 superarían los 114.000. Si la familia aporta 200 dólares/mes, a los 30 años el capital rondaría los 252.000 y a los 50 superaría 1,1 millones. Lo que muestra que el tiempo puede ser un socio más poderoso que cualquier «Bono Cultural Joven».
La OCDE estima que, en 2024, los activos destinados a la jubilación alcanzaron 69,8 billones de dólares en sus países miembros. En Australia, Países Bajos, Dinamarca, Canadá o Suiza, millones de trabajadores cuentan con una parte considerable de capital acumulado y no dependen exclusivamente de que en el futuro el gobierno recaude lo suficiente para pagar sus pensiones.
España ha elegido otro camino. En 2007, el cheque-bebé de Zapatero entregaba 2.500 euros para el consumo. Durante sus 3 años de vigencia costó cerca de 4.000 millones de euros y su efecto sobre la natalidad a largo plazo apenas alcanzó al 3 %. Se gastó, desapareció y no dejó patrimonio, ahorro ni autonomía económica.
Puede que las familias necesiten apoyos y una sociedad avanzada debe proteger a quien atraviesa situaciones de pobreza, enfermedad o desempleo, pero la excepción no puede convertir el gasto como modelo de política social. En ese momento, deja de ser una red de seguridad para convertirse en una red de dependencia.
El marino prosigue:
—En España no se premia al ciudadano que ahorra. Se le anima a confiar en el Estado y, cuando intenta guardar algo para el futuro, se le limita, se le grava o se cambian las reglas.
Los planes de pensiones individuales son un buen ejemplo. Las aportaciones con derecho a reducción fiscal están limitadas a 1.500 euros/año, una cifra insuficiente para construir un complemento serio durante la vida laboral, máxime cuando ésta comienza más tarde y las cotizaciones son cada vez más discontinuas.
Al rescatar el plan, la totalidad percibida —aportaciones y rendimientos— tributa como rendimiento del trabajo, no sólo la ganancia y se integra en el IRPF al tipo marginal correspondiente.
La joven profesora interviene:
—España no fomenta la cultura financiera; se penaliza la acumulación de patrimonio y se cambian con frecuencia sus reglas fiscales. Quien ahorra durante 30-40 años necesita estabilidad, pero lo que se encuentra son límites, deducciones y condiciones que varían a lo largo de los años. Al ciudadano se le exige previsión y confianza, mientras el Estado se reserva el derecho de cambiar las leyes y alterar el contrato durante décadas de ahorro.
Crear patrimonio exige tiempo, educación financiera, impuestos razonables y seguridad jurídica, pero los políticos prefieren otros «instrumentos», inmediatos —bonos, cheques, subvenciones y tarifas intervenidas—, por su visibilidad y la rentabilidad electoral que les produce. Aunque un ciudadano con ahorro, vivienda, acciones o un fondo de jubilación tiene mayor capacidad para resistir una crisis, cambiar de empleo, emprender o decidir sin depender del presupuesto público.
El viejo marino apura el café:
—Los populistas reparten peces porque temen al ciudadano que aprende a pescar. Cuando ahorra, mejora su posición, crea patrimonio —si no lo ahogan a impuestos—, deja de depender y ya no les debe el voto.
Jorge Molina Sanz
Agitador neuronal
jorge@consultech.es