La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en relación con la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, que resultó en 46 muertes el 18 de enero. Esto se debe a preocupaciones sobre posibles vulneraciones de la normativa europea durante la investigación, especialmente en lo que respecta a la preservación de pruebas y la independencia del organismo investigador. El eurodiputado Borja Giménez Larraz planteó estas inquietudes, y aunque Bruselas no ha recibido pruebas que sugieran irregularidades, advierte que puede actuar si se presentan evidencias de infracciones. La situación subraya la importancia de esclarecer las acciones tomadas tras el accidente y garantizar una investigación adecuada.
La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción en relación con la investigación del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado 18 de enero, que resultó en la muerte de 46 personas. Esta opción se activa si se demuestran vulneraciones a la normativa europea aplicable.
La respuesta de Bruselas surge tras una consulta realizada por el eurodiputado del Partido Popular Borja Giménez Larraz, quien indagó sobre la preservación de pruebas durante la investigación y la posible retirada de elementos de infraestructura antes de concluir las inspecciones, tal como han denunciado algunos testimonios judiciales.
En su comunicación escrita, la Comisión enfatiza que “la legislación nacional debe garantizar que las investigaciones de accidentes ferroviarios se lleven a cabo de manera independiente, eficiente y en el plazo más breve“. Además, subraya que los organismos nacionales encargados de estas investigaciones deben operar sin influencias externas que puedan comprometer su labor.
Bruselas también destaca que la Directiva (UE) 2016/798 establece garantías específicas para los investigadores, incluyendo su derecho a acceder a toda información relevante y los principios que deben guiar la cooperación entre las autoridades involucradas en estas pesquisas.
A pesar de que la Comisión señala no haber recibido pruebas del organismo español que sugieran irregularidades en la independencia de la investigación o en los derechos de los investigadores, evita pronunciarse sobre si la retirada anticipada de pruebas fue compatible con las exigencias normativas europeas.
Asimismo, recuerda que es responsabilidad primordial de las autoridades y tribunales nacionales asegurar procedimientos adecuados. No obstante, advierte que mantiene sus competencias como garante de los Tratados y podría iniciar un procedimiento de infracción si existen evidencias sólidas que respalden una violación del Derecho de la Unión.
Tras conocer esta respuesta, Giménez Larraz ha declarado que “Bruselas deja claro que la puerta sigue abierta y que, si emergen evidencias de una vulneración durante la investigación, podrá actuar contra España”.
El eurodiputado ha añadido: “Lo crucial ahora es esclarecer qué sucedió exactamente en las horas posteriores al accidente, quién autorizó cada acción sobre el terreno y si se respetaron todas las garantías exigidas por la legislación europea para llevar a cabo una investigación independiente”.
La Comisión Europea ha dejado abierta la posibilidad de iniciar un procedimiento de infracción si se acreditan vulneraciones de la normativa europea aplicable en la investigación del accidente ferroviario de Adamuz, que ocurrió el 18 de enero y resultó en 46 fallecidos.
El eurodiputado Borja Giménez Larraz preguntó sobre la preservación de pruebas durante la investigación y la posible retirada de elementos de la infraestructura antes de finalizar las inspecciones, según testimonios judiciales.
La legislación nacional debe garantizar que las investigaciones se realicen de manera independiente, eficiente y en el menor tiempo posible. Los organismos nacionales deben ser independientes de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto con su cometido.
Corresponde principalmente a las autoridades y tribunales nacionales garantizar que los procedimientos de investigación sean adecuados, aunque la Comisión Europea mantiene sus competencias como garante de los Tratados y puede incoar un procedimiento de infracción si hay pruebas sólidas de una infracción del Derecho de la Unión.
Giménez Larraz indicó que Bruselas deja claro que puede actuar contra España si aparecen evidencias de una vulneración durante la investigación, subrayando la importancia de esclarecer lo ocurrido tras el accidente y quién autorizó cada actuación sobre el terreno.