El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha aprobado iniciativas para mejorar la atención a reclusos con discapacidad intelectual en España, destacando la necesidad de módulos especializados y personal capacitado en las prisiones. La portavoz Violante Tomás subraya que los espacios penitenciarios actuales no garantizan los derechos de estos internos. Además, se exige una estrategia nacional para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo, buscando una atención integral y coordinada. También se aboga por mejorar la accesibilidad en eventos culturales, promoviendo un entorno inclusivo donde todos puedan participar sin barreras.
En la comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) en materia de discapacidad, Violante Tomás, ha denunciado que los espacios penitenciarios en España no están adecuadamente preparados para atender a internos con discapacidad intelectual. Esta situación representa una grave quiebra de garantías y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, algo que no debería ser tolerado en un Estado de derecho.
Tomás ha propuesto la creación de módulos especializados dentro de los centros penitenciarios, diseñados específicamente para el cumplimiento de penas por parte de personas con discapacidad intelectual. Además, aboga por el uso de centros de régimen abierto para aquellos internos con mayores posibilidades de reinserción y la necesidad de contar con personal especializado, formado y sensibilizado para atender realidades complejas.
La portavoz también subrayó la importancia de garantizar que estas personas estén acompañadas durante todo el proceso judicial, lo que les permitiría ejercer su derecho a la defensa en condiciones reales de igualdad. “No se trata de privilegios, se trata de justicia”, afirmó. En este contexto, destacó el papel fundamental que desempeñan organizaciones como Plena Inclusión.
Por su parte, el diputado del GPP, Antonio Martínez, criticó la falta de coordinación entre los sistemas sanitario, social y educativo en relación a las personas con parálisis cerebral. Según Martínez, esta falta de recursos y visión integral está dejando a muchas familias en situaciones complicadas, creando una desigualdad entre ciudadanos.
Martínez exigió la aprobación de una estrategia nacional específica para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo. “No podemos ni debemos seguir cargando sobre las familias una responsabilidad que corresponde a toda la sociedad”, enfatizó.
Asimismo, Lourdes Ramírez, diputada del GPP, defendió que la iniciativa busca garantizar el derecho de las personas con discapacidad a participar en igualdad en la vida social y cultural del país. Sin embargo, muchas siguen enfrentándose a barreras físicas y organizativas que limitan su acceso a eventos culturales como festivales musicales.
Ramírez propuso crear un grupo de trabajo dedicado a impulsar un sello de calidad en accesibilidad y fomentar criterios inclusivos en la planificación cultural. “Si reconocemos que la accesibilidad es un derecho, debemos dotarnos de instrumentos que garanticen su cumplimiento”, subrayó.
Finalmente, destacó el compromiso del Gobierno andaluz bajo el liderazgo de Juanma Moreno al demostrar que la accesibilidad es más que un eslogan; es una línea estratégica. Ejemplos como las ayudas a Centros Especiales de Empleo o iniciativas como el Cooltural Festival en Almería son prueba del avance hacia una sociedad más inclusiva.
Violante Tomás, portavoz de Políticas Integrales de la Discapacidad del GPP, denuncia que los espacios penitenciarios no están preparados para atender adecuadamente a internos con discapacidad intelectual, lo que supone una quiebra de garantías y una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.
El GPP propone la creación de módulos especializados en centros penitenciarios diseñados para el cumplimiento de penas por parte de personas con discapacidad intelectual, así como el uso de centros de régimen abierto para aquellos con mayores posibilidades de reinserción y reforzar el personal especializado.
Es imprescindible garantizar que estas personas estén acompañadas durante todo el proceso para que puedan ejercer su derecho de defensa en condiciones reales de igualdad. Esto se considera una cuestión de justicia y no un privilegio.
Antonio Martínez critica la falta de coordinación entre los sistemas sanitario, social y educativo, así como la insuficiencia de recursos, lo que deja a muchas familias en situaciones difíciles y crea ciudadanos de primera y segunda clase.
El GPP exige la aprobación de una estrategia nacional específica para las personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo que sirva para ordenar, coordinar y garantizar su atención.
Lourdes Ramírez propone la creación de un grupo de trabajo, un sello de calidad en accesibilidad, criterios inclusivos en la planificación cultural y líneas de financiación para garantizar que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad en eventos culturales.
Andalucía, bajo el liderazgo de Juanma Moreno, está impulsando políticas que combinan accesibilidad, empleo inclusivo y autonomía personal, como ayudas a Centros Especiales de Empleo y proyectos como el Cooltural Festival de Almería.