Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar el caso de las balizas V16. Montserrat cuestiona si la obligación de adquirir un modelo específico podría favorecer intereses comerciales y distorsionar la competencia en contra del derecho comunitario. A pesar de que la Comisión reconoce las normas de competencia de la UE, su respuesta no aborda estos conflictos. La eurodiputada exige una investigación rigurosa para garantizar transparencia y competencia leal en el mercado europeo.
La obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario.
Dolors Montserrat, vicepresidenta del Grupo PPE y secretaria general del PPE, ha acusado a Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia en la comercialización de las balizas V16 obligatorias en España.
En una reciente pregunta parlamentaria, Montserrat cuestionó a la Comisión sobre si evaluaría “si la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario”, así como si consideraba que España había implementado “las medidas suficientes para garantizar transparencia, competencia leal y ausencia de conflictos de intereses”.
A pesar de que la Comisión reconoció que “las normas de competencia de la UE prohíben […] prácticas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado interior” (artículos 101 y 102 del TFUE), su respuesta se limitó a afirmar que “no dispone de información concreta sobre posibles conductas o medidas contrarias a la competencia”.
Montserrat considera que esta respuesta pone en evidencia que “existe un marco jurídico europeo claro para actuar ante posibles distorsiones de competencia, pero la Comisión decide no aplicarlo cuando el caso afecta a decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez”.
La eurodiputada expresó su preocupación por el hecho de que esta respuesta provenga de alguien que fue ministra en el Gobierno de Sánchez, lo cual plantea serias dudas sobre su imparcialidad. “No se puede invocar el derecho europeo y, al mismo tiempo, eludir su aplicación por razones políticas”, subrayó.
Mientras tanto, Montserrat lamentó que la Comisión se escude en tecnicismos y en una supuesta falta de información en lugar de cumplir con su función supervisora. “La Comisión debe actuar, investigar y garantizar que no se producen abusos ni favoritismos”, afirmó.
Asimismo, recordó que es responsabilidad de la Comisión Europea velar por el cumplimiento de las normas de competencia y asegurar condiciones equitativas en el mercado interior. “No es aceptable que ante posibles irregularidades que afectan a millones de ciudadanos europeos se opte por una respuesta meramente formalista”, insistió.
Por todo ello, el Partido Popular exige a la Comisión Europea actuar con independencia, investigar los hechos con rigor y garantizar que no existan distorsiones competitivas ni situaciones privilegiadas derivadas de decisiones regulatorias nacionales. “Europa no puede permitirse instituciones que eludan su responsabilidad cuando están en juego la transparencia, la competencia leal y la confianza de los ciudadanos”, concluyó Montserrat.
Dolors Montserrat acusa a Teresa Ribera de proteger al Gobierno de Pedro Sánchez al evitar investigar posibles conflictos de intereses y distorsiones de competencia en la comercialización de las balizas V16 obligatorias en España.
La preocupación principal es que la obligación de adquirir un modelo concreto podría favorecer intereses comerciales específicos y generar distorsiones de competencia contrarias al derecho comunitario.
La Comisión Europea reconoció que las normas de competencia prohíben prácticas que impidan o restrinjan el juego de la competencia, pero se limitó a afirmar que no dispone de información concreta sobre conductas contrarias a la competencia.
El Partido Popular exige que la Comisión Europea actúe con independencia, investigue los hechos rigurosamente y garantice que no se produzcan distorsiones de competencia ni situaciones de privilegio derivadas de decisiones regulatorias nacionales.