El Consejo de Ministros ha nombrado a Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tras recibir el apoyo de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso. Campos, con más de 20 años de experiencia en la administración pública y una sólida formación académica, se compromete a actuar con independencia y transparencia. Su mandato se centrará en actualizar la normativa, fomentar la cooperación entre entidades y aprovechar la tecnología para mejorar el acceso a la información pública. Este cargo tiene una duración de cinco años y es incompatible con otros puestos en la Administración General del Estado.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nombramiento de Concepción Campos Acuña como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Esta entidad, que actúa como autoridad administrativa independiente, se encarga de garantizar el acceso a la información pública y la transparencia a nivel estatal.
La designación de Campos se produce tras recibir el respaldo mayoritario de la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados la semana pasada. Su candidatura fue propuesta por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública el 24 de febrero, coincidiendo con el final del mandato del anterior presidente, José Luis Rodríguez Álvarez.
Durante su intervención ante la Comisión de Función Pública, Campos manifestó su intención de asumir este nuevo desafío “con absoluta independencia y objetividad”. Aseguró que actuará “con lealtad a la ley y a la ciudadanía”, comprometiéndose a dedicar plenamente sus esfuerzos a la institución y a los ciudadanos que representa.
En su discurso, destacó que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es fundamental para el Estado de Derecho, ya que garantiza el derecho de acceso a la información pública. Además, subrayó su papel en velar por el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y en promover una cultura transparente dentro del sector público español. Campos delineó tres líneas estratégicas para su mandato: la actualización normativa y refuerzo institucional, la cooperación con otros órganos y entidades, así como un uso responsable de la tecnología.
Concepción Acuña es doctora en Derecho Cum Laude y posee un Máster en Derecho de las Instituciones y Administraciones Públicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Con más de 20 años en el ámbito administrativo, ha ejercido como secretaria de Administración Local, siendo su último cargo en el Ayuntamiento de Vigo. Actualmente, se encuentra en situación de excedencia mientras trabaja como consultora y profesora asociada en Derecho Administrativo en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.
A lo largo de su carrera, Acuña ha sido representante técnica en la Red de entidades locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En este contexto, ha coordinado importantes iniciativas como la revisión del Código de Buen Gobierno Local (2015) y ha liderado proyectos relacionados con la Ordenanza Tipo sobre Transparencia e Información Pública. En su actual rol dentro del Grupo de Trabajo sobre ‘Integridad en la Contratación Pública’, promueve actividades formativas y editoriales relacionadas con estos temas.
Como presidenta del Consejo, Concepción Campos asumirá un mandato no renovable por un periodo de cinco años, desempeñando sus funciones con dedicación exclusiva bajo el régimen vigente para altos cargos en la Administración General del Estado.
Concepción Campos Acuña ha sido nombrada como nueva presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Es la autoridad administrativa independiente encargada de garantizar el acceso a la información pública y promover la transparencia a nivel estatal en España.
Su mandato será de cinco años, no renovable.
Tiene más de 20 años de experiencia en la administración pública, habiendo trabajado como secretaria de Administración Local y en otros roles relacionados con la transparencia y el buen gobierno.
Las tres líneas de actuación son: actualización normativa y refuerzo de la institución; cooperación con otros órganos y entidades; y aprovechamiento responsable de la tecnología.
Ha manifestado que asumirá el compromiso “con absoluta independencia y objetividad, con lealtad a la ley y a la ciudadanía, con transparencia y con una dedicación plena a la institución”.