Félix de las Cuevas, diputado del GPP, ha advertido al Gobierno que el debate sobre la protección del lobo es crucial para el futuro del mundo rural y la ganadería extensiva. En una reciente Comisión Mixta, destacó que los ganaderos son esenciales para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. De las Cuevas criticó el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, argumentando que ignora la realidad de los ataques del lobo y las necesidades de los ganaderos, quienes han visto un aumento del 47% en estos ataques desde 2021. Además, defendió un modelo de gestión equilibrada que permita la convivencia entre el lobo y la ganadería, y pidió al Gobierno escuchar a los afectados por esta problemática.
En la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, el diputado del GPP, Félix de las Cuevas, ha manifestado que el debate en torno al lobo va más allá de la especie misma, ya que está intrínsecamente ligado al futuro del mundo rural y a la ganadería extensiva, considerada un pilar fundamental para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación. De las Cuevas subrayó que “los guardianes históricos de nuestro territorio son los ganaderos”.
El diputado también se refirió al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo, argumentando que este carece de un fundamento jurídico sólido y desestima cuatro principios esenciales: la regulación nacional, la Directiva de la UE, la situación actual del lobo en España y las voces de miles de ganaderos que enfrentan ataques que amenazan su supervivencia económica.
De las Cuevas enfatizó que “el drama de los ganaderos, especialmente aquellos situados al norte del Duero, es crítico”, señalando que en Castilla y León los ataques de lobos han aumentado un 47% desde 2021, con indemnizaciones que superan los 4,8 millones de euros.
Asimismo, destacó la gestión llevada a cabo en Cantabria como un modelo responsable para el control poblacional del lobo, abogando por una convivencia equilibrada. “No buscamos exterminar al lobo; queremos regresar al estado existente antes de su inclusión en el LESPRE”, afirmó.
El diputado remarcó que su propuesta se basa en una convivencia real y una gestión técnica fundamentada en datos rigurosos y no sesgados. Criticó al Gobierno por lo que considera un “déficit democrático” no en la ley misma, sino en la falta de escucha hacia quienes realmente viven en el campo. La Ley 1/2025 fue resultado de un proceso parlamentario transparente y respaldado por fuerzas políticas arraigadas en territorios rurales.
De las Cuevas cuestionó la coherencia del Gobierno al no presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Ley de Amnistía mientras sí lo hace contra una ley que protege tanto al lobo como a los ganaderos. Según él, esto refleja un sesgo ideológico inaceptable y sostiene que “la defensa de la igualdad ante la ley debe ser coherente y aplicarse a todos los casos”.
Criticó además los argumentos presentados en el recurso, considerándolos inconsistentes ya que asegura que la gestión del lobo no infringe el artículo 45 sobre Medio Ambiente ni afecta a la tutela judicial efectiva. Recordó que en 2021, el Ejecutivo tomó decisiones ministeriales unilaterales sin diálogo ni consenso respecto a la protección del lobo.
Desde el Partido Popular, De las Cuevas defendió una gestión técnica del lobo que asegure una coexistencia efectiva con la ganadería extensiva. Exigió cumplimiento con las normativas nacionales y europeas e instó a escuchar a los ganaderos, quienes son verdaderos conocedores del territorio. Además, solicitó que se transfiera completamente la gestión de esta especie a las comunidades autónomas y reivindicó el apoyo al mundo rural como una cuestión primordial para el Estado.
Finalmente, concluyó haciendo un llamado al Defensor del Pueblo para que retire su recurso de inconstitucionalidad.
El debate no solo trata del lobo, sino del futuro del mundo rural y de la ganadería extensiva, que es fundamental para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.
En Castilla y León, los ataques del lobo han crecido un 47% desde 2021, y las indemnizaciones a los ganaderos han superado los 4,8 millones de euros.
Defiende una gestión técnica del lobo que garantice una convivencia real con la ganadería extensiva y exige que se escuche a los ganaderos, quienes son verdaderos conocedores del territorio.
Reprocha que el verdadero déficit democrático no está en la Ley, sino en la falta de escucha, argumentando que la Ley 1/2025 fue fruto de un proceso parlamentario transparente y legítimo.
Pone en valor el modelo de gestión de Cantabria como responsable, buscando un control poblacional del lobo que promueva equilibrio y convivencia sin exterminar a la especie.