España ha formalizado su adhesión a la Carta Internacional de Datos Abiertos, un compromiso anunciado por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto. Esta iniciativa busca promover la transparencia y la participación ciudadana mediante el acceso libre a datos públicos, fomentando así la innovación y el desarrollo económico inclusivo. La carta, respaldada por más de 250 gobiernos y organizaciones, establece principios para que las entidades públicas adopten políticas de datos abiertos responsables y centradas en el impacto social. Con esta adhesión, España reafirma su compromiso con los principios del Gobierno Abierto y destaca logros como el quinto Plan de Gobierno Abierto, que busca fortalecer la rendición de cuentas en las administraciones públicas.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha confirmado que España se adhiere a la Carta Internacional de Datos Abiertos, un compromiso global que busca fomentar la apertura de datos públicos. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de más de 250 gobiernos y organizaciones civiles, y tiene como objetivo principal mejorar la transparencia, la innovación, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
Durante su intervención en el acto de clausura de la IX Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, celebrado en Vitoria bajo la presidencia del rey Felipe VI, López destacó que esta carta promueve el acceso libre a los datos para facilitar soluciones innovadoras que optimicen los servicios públicos y contribuyan al desarrollo económico inclusivo. El ministro enfatizó que las políticas deben centrarse en el impacto social y respetar los derechos fundamentales de las personas y comunidades.
López también mencionó algunos logros recientes del Gobierno español en este ámbito, resaltando el apoyo a la estrategia de Estado Abierto junto a la OCDE. Además, se aprobó el quinto Plan de Gobierno Abierto, considerado el más ambicioso hasta ahora, que establece una hoja de ruta clara para fortalecer la transparencia y participación en todas las administraciones públicas.
Asimismo, hizo hincapié en la aprobación de la Declaración de Vitoria-Gasteiz, adoptada por gobiernos y organizaciones civiles, que reafirma el compromiso con la democracia y una gobernanza abierta. “Vitoria exige el cese de los ataques al mayor tesoro de la civilización después de la propia vida: la democracia”, afirmó López, instando a todos a trabajar juntos para construir gobiernos más responsables e inclusivos.
La Carta Internacional de Datos Abiertos fue lanzada en 2015 con el propósito de guiar a las entidades públicas hacia políticas sostenibles y responsables en materia de datos abiertos. Este enfoque asegura que los datos sean publicados proactivamente, salvo razones legítimas que justifiquen su restricción por motivos como privacidad o seguridad.
Además, promueve que los datos sean oportunos y comprensibles, exigiendo su publicación completa y actualizada con regularidad. También aboga por datos accesibles y utilizables en formatos abiertos, eliminando barreras técnicas o legales para su uso. Por último, enfatiza la importancia de contar con datos comparables e interoperables, asegurando que sean precisos y relevantes mediante estándares comunes.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, anunció la adhesión de España a la Carta Internacional de Datos Abiertos, una iniciativa que promueve la apertura de datos públicos para mejorar la transparencia y la participación ciudadana.
El objetivo es promover el acceso libre a los datos públicos para favorecer soluciones innovadoras que mejoren los servicios públicos y fomenten el desarrollo económico inclusivo, respetando los derechos fundamentales de las personas y comunidades.
El ministro destacó varios logros, incluyendo el apoyo a la estrategia de Estado Abierto junto a la OCDE y la aprobación del quinto Plan de Gobierno Abierto, que establece una hoja de ruta para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en las administraciones públicas.
Es un documento adoptado por gobiernos y organizaciones civiles que defiende el compromiso con la democracia, el espacio cívico y la gobernanza abierta.
La iniciativa fue puesta en marcha en 2015 y está respaldada por gobiernos, organizaciones y expertos.