El Partido Popular (PP) ha exigido al presidente Sánchez que anule el acuerdo con Cataluña sobre el traspaso de competencias para habilitados nacionales, calificándolo de "atentado a la igualdad territorial". Esta demanda surge tras la aprobación de una moción en la Comisión de Entidades Locales, donde se argumenta que dicho acuerdo favorece a los socios independentistas y compromete la unidad institucional. El portavoz del PP, Juan Manuel González, advirtió que esta medida podría politizar la administración local y erosionar las garantías de legalidad y transparencia. Además, se solicita cubrir vacantes en entidades locales pequeñas para asegurar recursos humanos adecuados.
El Grupo Parlamentario Popular ha exigido al Gobierno que anule el acuerdo con Cataluña relacionado con el traspaso de competencias en la selección, formación, nombramiento y provisión de habilitados nacionales, incluyendo secretarios, tesoreros e interventores. Esta solicitud fue presentada en una moción aprobada por la Comisión de Entidades Locales y ha sido calificada por los representantes del PP como un “atentado a la igualdad territorial”.
Durante la defensa de esta moción, Juan Manuel González, portavoz del PP en la Comisión y senador por Huelva, subrayó que el traspaso de competencias a Cataluña representa una “nueva cesión política” del presidente Sánchez para complacer a sus aliados independentistas. Según González, este acuerdo pone en riesgo el principio de unidad institucional y socava la neutralidad necesaria para acceder a estos cuerpos administrativos.
La iniciativa del PP, que fue aprobada con el voto en contra del PSOE, no solo busca anular el acuerdo mencionado, sino también cubrir las vacantes en las entidades locales con menos de cincuenta mil habitantes. En este sentido, Juan Manuel González enfatizó que “fragmentar este cuerpo de funcionarios convierte la administración local en un terreno fértil para la arbitrariedad y la politización”, destacando la necesidad de asegurar recursos humanos adecuados para todos los municipios.
González argumentó que el acuerdo con Cataluña carece de justificación administrativa o técnica y responde únicamente a intereses políticos. Recordó que en 2007 se cedieron competencias similares a Cataluña y al País Vasco, lo cual tuvo que revertirse en 2013 debido a que muchas entidades locales quedaron sin habilitados nacionales, afectando gravemente su control económico y jurídico.
Desde el Partido Popular se han comprometido a no permitir que se utilice la administración local como herramienta política ni que se debilite la estructura estatal. Además, han registrado una Proposición de Ley con dos objetivos claros: denunciar las imposiciones del Gobierno y proponer iniciativas constructivas para un país más responsable.
“La igualdad entre territorios no se defiende con eslóganes”, concluyó González, “sino mediante decisiones que fortalezcan el acceso equitativo a los servicios públicos”.
En otra votación reciente, el Senado también aprobó una moción del PP -sin apoyo del PSOE- para establecer un fondo específico destinado a las administraciones locales. Este fondo tiene como objetivo financiar el protocolo CER (captura, esterilización y retorno) para gestionar colonias felinas y garantizar la recogida de animales abandonados.
El senador Joaquín Camacho, durante su intervención, expresó su preocupación por aprobar leyes sin una memoria económica adecuada. Resaltó que si realmente se desea controlar las colonias felinas, es esencial dotar a las administraciones locales de los recursos financieros necesarios.
Por último, el Senado dio luz verde a otra moción del PP que solicita al Ejecutivo retrasar la aplicación de la Ley de residuos y suelos contaminados hasta establecer criterios claros para su implementación. La senadora Mónica Grados cuestionó si esta normativa es simplemente otro impuesto encubierto dentro de los más de 93 tributos incrementados desde que Sánchez asumió el poder.
Grados advirtió sobre cómo esta legislación podría vulnerar la autonomía municipal e incrementar las tasas de basura entre 100 y 300 euros para los contribuyentes, afectando especialmente a las rentas más bajas. “Una nueva carga fiscal que contradice las promesas de protección hacia esos sectores”, concluyó.
El PP exige al Gobierno que deje sin efecto el acuerdo con Cataluña para el traspaso de competencias en la selección, formación, nombramiento y provisión de habilitados nacionales, calificándolo como un “atentado a la igualdad territorial”.
El portavoz del PP en la Comisión de Entidades Locales y senador por Huelva es Juan Manuel González, quien ha defendido la moción aprobada en dicha Comisión.
El PP argumenta que el traspaso de competencias a Cataluña es una cesión política de Sánchez que pone en jaque el principio de unidad institucional y erosiona las garantías de legalidad, transparencia y buen gobierno.
Además de pedir que se anule el acuerdo, el PP solicita que se cubran las vacantes en las entidades locales de menos de cincuenta mil habitantes, especialmente en los municipios más pequeños de la España rural.
El PP expresa su preocupación de que fragmentar este cuerpo de funcionarios convierta la administración local en terreno abonado para la arbitrariedad y la politización.
El PP recuerda que en 2007 Zapatero cedió parte de esas competencias a Cataluña y País Vasco, lo cual tuvo que revertirse en 2013 debido a problemas con habilitados nacionales en entidades locales.