Las minas antipersona causaron más de 6200 víctimas en 2024, siendo la cifra más alta desde 2020. De los afectados, el 90% eran civiles y casi la mitad niños. Myanmar lidera los países afectados por el uso de estas armas, mientras que varios países europeos han solicitado retirarse del Tratado de Prohibición de Minas. La falta de financiamiento ha impactado negativamente las labores de desminado y asistencia a las víctimas. A pesar de algunos avances en la reducción de contaminación por minas, la situación humanitaria sigue siendo crítica, con miles de supervivientes sin acceso a atención médica. El informe destaca la necesidad urgente de defender el Tratado para evitar un retroceso en los logros alcanzados en las últimas décadas.
Las minas antipersona han dejado un saldo trágico en 2024, con 6274 víctimas entre muertos y heridos, la cifra más alta desde 2020. Este alarmante dato fue revelado en el informe anual sobre estos explosivos, publicado por la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Antipersona.
El desglose de las estadísticas muestra que 1945 personas perdieron la vida y 4325 resultaron heridas, siendo el 90% de las víctimas civiles, de los cuales casi la mitad son niños. Estos datos resaltan la continua amenaza que representan las minas para la población civil, especialmente en regiones afectadas por conflictos armados.
A pesar de que el Tratado de Prohibición de Minas, vigente durante 25 años, sigue siendo una herramienta crucial en la lucha contra estos artefactos explosivos y cuenta con 166 Estados parte, se ha observado un preocupante retroceso. En 2025, cinco países europeos—Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y Polonia—han solicitado su salida del tratado citando razones de seguridad. Además, Ucrania busca suspender temporalmente su aplicación, lo cual está explícitamente prohibido.
La situación se complica aún más con los recortes a la ayuda humanitaria que han afectado las labores internacionales de desminado y asistencia a las víctimas. Mark Hiznay, editor del informe, subraya que los resultados de 2024 evidencian “la magnitud de los nuevos desafíos y la necesidad de mantener la unidad”.
Myanmar ha liderado nuevamente la lista de países afectados por minas antipersona, debido al uso generalizado de estas armas fuera del marco legal internacional. En Siria, el regreso masivo de personas a zonas contaminadas tras el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad ha incrementado los riesgos y las víctimas asociadas a estos explosivos.
A pesar del contexto adverso, el informe destaca que Rusia y Myanmar continúan utilizando minas antipersona, mientras que hay denuncias sobre su uso por parte de Ucrania y capacidades productivas activas en India, Rusia y Corea del Sur. En un giro notable, en 2024 Estados Unidos reanudó la transferencia de minas antipersona a Ucrania, rompiendo una moratoria que había estado vigente durante 32 años.
A pesar del aumento en el número de víctimas y el retroceso en el cumplimiento del tratado, el informe también menciona algunos avances. Más de la mitad de los Estados parte afectados han logrado reducir su contaminación, y 31 países han completado su proceso de desminado desde la entrada en vigor del Tratado. Omán se suma a esta lista en 2025.
No obstante, se señala que la superficie total desminada ha disminuido en 2024, debido a recortes en financiamiento internacional y un aumento en los niveles de inseguridad. Esto ha dificultado incluso a aquellos países con poca contaminación avanzar en sus esfuerzos.
En cuanto a la asistencia a las víctimas, el estudio expresa preocupación ante el hecho de que solo recibe un escaso 5% del financiamiento total destinado a acciones contra minas; además sufrió una caída cercana al 25% en 2024. Miles de sobrevivientes siguen sin acceso a atención médica esencial o rehabilitación adecuada.
A comienzos de 2025, la situación se agravó cuando Estados Unidos congeló su asistencia exterior, lo que obligó al cierre de varios programas humanitarios e incrementó la incertidumbre sobre otros proyectos esenciales para los países más afectados.
A pesar del panorama sombrío presentado por el informe, se hace hincapié en que el Tratado de Prohibición sigue siendo efectivo y es fundamental defenderlo. “Retroceder no es una opción; el costo humano es demasiado alto”, advierte el documento. Sin un financiamiento estable y compromiso político firme por parte de la comunidad internacional, los logros alcanzados durante los últimos 25 años están amenazados.
La publicación coincide con la inauguración hoy en Ginebra de la 22ª Reunión de los Estados Parte.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 6274 | Total de víctimas (muertos y heridos) |
| 1945 | Muertos por minas o restos de explosivos |
| 4325 | Lesionados por minas o restos de explosivos |
| 90% | Porcentaje de civiles entre los lesionados |
| Casi 50% | Porcentaje de niños entre los lesionados |
En 2024, las minas antipersona causaron un total de 6274 víctimas, incluyendo 1945 muertos y 4325 heridos, siendo el 90% de ellos civiles y casi la mitad niños.
Cinco países europeos - Letonia, Lituania, Estonia, Finlandia y Polonia - han solicitado retirarse del Tratado de Prohibición de Minas, argumentando razones de seguridad. Además, Ucrania intenta suspender temporalmente la aplicación del Tratado.
El financiamiento para la asistencia a víctimas es preocupante, ya que solo representa el 5% del financiamiento total para la acción contra las minas y sufrió una caída de casi una cuarta parte en 2024.
A pesar del retroceso en algunas áreas, más de la mitad de los Estados parte afectados redujeron su contaminación en 2024 y 31 países han completado completamente el desminado desde la entrada en vigor del Tratado.
El informe advierte que sin financiamiento estable, compromiso político y presión internacional, los avances logrados en los últimos 25 años corren el riesgo de desvanecerse.