Este martes se ha dado a conocer la decisión de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que finalmente han admitido la querella contra la Generalitat y los miembros de la Mesa y les ordena comparecer los días 2 y 3 de noviembre.
Carles Puigdemont y el resto de su Govern han sido llamados a comparecer ante la Audiencia Nacional el jueves y viernes a las nueve de la mañana, después de la que la jueza Carmen Lamela haya considerado competente la querella del fiscal que les acusa de los delitos de rebelión, sedición y malversación. Sólo media hora después, la presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, tendrá que declarar como investigada en el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Penal ha admitido este martes a trámite la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra Forcadell y otros cinco exdiputados por los mismos tres delitos. El instructor de la causa en el Supremo será el magistrado Pablo Llarena, que ha citado a los seis también el jueves y viernes.
Una fianza millonaria
Tal y como pedía la fiscalía, los imputados tendrán que comparecer en el juzgado y depositar una fianza conjunta de 6,2 millones de euros en el plazo de tres días. Lo que se pretende con esto es el reintegro a las arcas públicas de los fondos supuestamentes empleados en la organización y celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Cabe destacar que, en caso de no presentar esa fianza, sus bienes podrán ser embargados.
La juez Lamela entiende que Puigdemont y sus exconsellers "urdieron una estrategia de la que habría de ser todo el movimiento secesionista perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Òmnium)".
El auto, de 16 páginas, señala que en la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, "se exponen de manera seria, racional y lógica" los motivos para una inicial calificación de los hechos como delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel. En la misma sesión en la que serán interrogados se celebrará una vista para valorar "la adopción de medidas cautelares de carácter personal", en la que la fiscalía podría solicitar el ingreso en prisión de los principales imputados.
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