Tal y como se ha podido conocer este lunes, el fiscal reclama la "exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros".
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha anunciado este lunes la presentación de dos querellas por rebelión, sedición, malversación y otros conexos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional contra los políticos responsables de la declaración de independencia de Cataluña del pasado viernes que ha desembocado en la intervención de la autonomía por parte del Gobierno.
En ambas el fiscal reclama la "exigencia de fianza y, en su caso, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros [300.000 euros cada uno]", que corresponden a partidas vinculadas a la celebración del referéndum.
La querella en la Audiencia Nacional se interpone contra los miembros del Govern porque ya no gozan de aforamiento, mientras que la querella en el Supremo se presenta contra los miembros de la Mesa de Parlament que permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia. El fiscal no pide medidas cautelares ahora, y se reserva hacerlo cuando se les cite "en atención a la gravedad de los hechos imputados".
La querella presentada ante la Audiencia Nacional va contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turul, Raül Romeva, Antoni Comín, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borràs, Clara Ponsatí i Obiols, Joaquim Forn, Lluís Puig i Gordi, Carles Mundó, Santiago Vila y Meritxell Serret. La del Tribunal Supremo, contra Carme Forcadel, Lluís María Corominas, Lluis Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet i Pujals, todos miembros de la Mesa de Parlament que permitieron tramitar la votación de la declaración de independencia. Pese a estar disuelto el Parlament, al formar parte de la Diputación Permanente, mantienen el aforamiento del que disfrutan todos los diputados, excepto Nuet, que pese a no ser ya diputado, el fiscal considera que actuó "en unidad de acción" con el resto de querellados.
Además, solicita la comparecencia "urgente" de los políticos querellados, a fin de tomarles declaración como investigados y de valorar la adopción de medidas cautelares personales contra ellos. Todo ello en atención "a la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteración en las conductas antijurídicas". En caso de incomparecencia, "el fiscal interesa la inmediata detención" de los querellados.
Para finalizar, ha sostenido que los querellados actuaron "con total desprecio a la Constitución". Según el escrito del fiscal, el 1 de octubre, el president de la Generalitat "dejaba a las claras" la estrategia del Govern: "Llevar a término el referéndum ilegal desobedeciendo los autos judiciales mediante la presión intimidatoria de la multitud, impidiendo la actuación de las fuerzas del orden público".
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