El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha acusado a Pedro Sánchez de convertir la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en un "cortijo" para su corrupción personal. En una reciente Comisión Mixta de Seguridad Nacional, José Vicente Marí Bosó, portavoz adjunto del GPP, criticó que la SEPI se haya transformado en un instrumento de corrupción del PSOE durante el gobierno socialista. Se mencionaron casos polémicos como Plus Ultra y Air Europa, actualmente bajo investigación judicial por irregularidades en sus rescates. Además, se cuestionó el control político sobre empresas estratégicas como Indra, tras la dimisión de su presidente. La crítica se extiende a prácticas de clientelismo y enchufismo dentro de la gestión pública.
El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular (GPP), José Vicente Marí Bosó, ha denunciado que, en los años de gobierno socialista, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se ha convertido en un "instrumento de corrupción del PSOE" en lugar de cumplir su función como herramienta de política económica. Durante su intervención, Marí Bosó señaló a Belén Gualda, actual presidenta de la SEPI, como "parte activa" de las irregularidades que han permitido el sometimiento de empresas clave para la seguridad nacional a la voluntad del presidente Pedro Sánchez.
Marí Bosó afirmó que "la historia de la SEPI durante estos años es la historia del enchufismo y el clientelismo del PSOE", así como del intervencionismo y la colonización socialista de las empresas. Criticó que "el señor Sánchez y sus colaboradores han hecho de la SEPI su cortijo para su corrupción particular", recordando cómo la Unidad Central Operativa (UCO) ha llevado a cabo registros en la sede de la SEPI y en otras entidades dependientes, como Correos y Enusa.
El portavoz del GPP destacó que se ha ignorado deliberadamente el proceso adecuado para favorecer operaciones políticas, mencionando casos controversiales como Plus Ultra, Tubos Reunidos y Air Europa, todos bajo investigación judicial por presuntas mordidas y comisiones ilegales relacionadas con sus rescates.
Rafa Hernando, otro miembro del GPP presente en la comisión, acusó a Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos, de haber utilizado "una serie de argumentos y mentiras" para retrasar su comparecencia ante el órgano legislativo. Hernando enfatizó que De la Rocha tuvo que asistir "a rastras" para evitar explicar el supuesto asalto político a ciertas empresas públicas.
En relación con Indra, Hernando criticó la reciente dimisión del presidente Ángel Escribano como "vergonzante", cuestionando cómo es posible querer convertir a esta empresa estratégica en un gran campeón nacional mientras se permite que entidades privadas compren acciones. Además, subrayó que no se ha proporcionado ninguna explicación clara sobre estas maniobras orquestadas desde el poder político.
Finalmente, calificó a De la Rocha como "el fontanero económico" de Moncloa, sugiriendo que desde allí se han diseñado estrategias para controlar empresas como Telefónica e Indra. "Esta política de inversiones entre amigos para mantener el control económico es lo que está detrás de todas estas operaciones", concluyó.
El GPP, a través de su portavoz adjunto José Vicente Marí Bosó, acusa a Pedro Sánchez de haber convertido la SEPI en un "cortijo para su corrupción particular", señalando que ha sido utilizada como un instrumento de corrupción durante su gobierno.
Belén Gualda es la actual presidenta de la SEPI, y el GPP la señala como "parte activa" de los supuestos tejemanejes relacionados con la corrupción del PSOE.
El GPP critica el enchufismo, el clientelismo y el intervencionismo socialista en empresas clave para la seguridad nacional. Además, menciona operaciones polémicas bajo investigación judicial, como Plus Ultra y Air Europa.
El GPP ha denunciado públicamente estas prácticas en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y ha cuestionado a funcionarios del gobierno sobre su gestión y las decisiones tomadas respecto a empresas públicas.
Indra es mencionada en el contexto de una reciente dimisión de su presidente, Ángel Escribano, y se critica que el gobierno intente controlar esta empresa estratégica mientras permite que empresas privadas compren sus acciones.