Así consta en el escrito remitido por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, al fiscal-jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres Morato, fechado el pasado 20 de octubre.
En el escrito de 23 páginas se detallan las "innumerables" las declaraciones públicas que los diferentes miembros del Gobierno de la Generalidad realizaron para manifestar la existencia de estos los materiales y humanos para llevar a cabo la consulta ilegal, además de actuaciones de los responsable de las asociaciones civiles independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cruixart.
Por ejemplo, se hace referencia a la presentación pública de las urnas, a la campaña institucional en medios de comunicación, a los medios informáticos o a las aplicaciones móviles impulsadas. Además, se recoge un listado con los requerimientos de información y las comunicaciones mantenidas entre Hacienda y la Generalitat.
En el documento se pide a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que inicie las actuaciones oportunas y, en particular, se adopten medidas contra el Gobierno de Cataluña y los responsables la ANC y de Òmniun Cultural para esclarecer las actuaciones contractuales y administrativas dirigidas a la adquisición y en su caso, integración en el patrimonio público, de los medios materiales necesarios para la organización y celebración del referéndum del 1-O.
También se reclama que se actúe en la misma línea en lo que se refiere al empleo de recursos públicos para su organización y promoción por parte de entidades de naturaleza privada.
De igual modo, se solicita que se adopten las medidas precisas a los efectos de definir el importe de los daños causados para el erario público derivado de la citada actividad con los medios patrimoniales mobiliarios e inmobiliarios públicos existentes empleados para la celebración del referéndum.
Hacienda recuerda que existe procedimiento por malversación de caudales públicos abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por lo que, en su caso, procedería reclamar del mismo las actuaciones practicadas para delimitar los daños y las personas responsables y fijarse así en eventual importe de las indemnizaciones.
DAÑOS ERARIO PÚBLICO
Por otra parte, el Ministerio solicita la identificación del Gobierno de Cataluña como responsable de los daños causados al erario público y se le reclame tras el correspondiente procedimiento de responsabilidad contable las indemnizaciones procedentes.
En relación con las entidades denominadas Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana, se solicita a los efectos de que pueda determinarse la eventual responsabilidad que corresponda, que se inste a las mismas a los efectos de que definan la financiación que reciben con origen público y el destino empleado con la misma.
Con este mismo fin, se pide que se inste a cuantas Administraciones Públicas se considere que puedan tener conocimiento en orden a la definición de la fuente de procedencia de ingresos a los efectos de que aporten a la Fiscalía ante el Tribunal de Cuentas cuanta información pueda obtener relativa a la obtención de fondos públicos y el eventual empleo dado a los mismos, incluyéndose el requerimiento de esta información a las entidades de crédito que hayan ejecutado materialmente las órdenes de pago o transferencias efectuadas por las asociaciones señaladas para permitir conocer el origen de los fondos y su destino final.
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