Ha sido la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, la que ha puesto 'patas arriba' al Gobierno, que hasta ahora ha podido contener la batería de citaciones judiciales que se le viene encima por su gestión de la epidemia del coronavirus.
Al parecer, la letrada estaría investigando el alcance que pudieron tener las marchas feministas del pasado 8 de marzo respecto a la propagación del Covid-19, puesto que es a partir de esa semana cuando se multiplicaron los casos en España. Cabe recordar que hubo casi medio millar de manifestaciones en todo el país y que el propio Gobierno estimó hace unas semanas en más de 600.000 los asistentes a las mismas.
Rodríguez-Medel ha citado como imputado al delegado del Gobierno de Madrid, el socialista José Manuel Franco, el próximo 5 de junio. Tal y como ha desvelado el diario El Mundo, entre las diligencias que ordena este lunes la juez está el instar a la Secretaría General del Ministerio de Sanidad que dirige Salvador Illa para que, antes del 1 de junio, informe a la unidad de Policía Judicial actuante sobre un informe fechado el 3 de marzo de 2020 titulado "Recomendación de medidas extraordinarias en relación con la situación provocada por el nuevo coronavirus Covid-19".
Con esto lo que se pretende es saber "su distribución o difusión, si fue colgado en la página web oficial del Ministerio (qué día y hasta qué fecha estuvo disponible online) y en caso de que fuera remitido a la Delegación del Gobierno de Madrid o a los Ministerios de los que dicha Delegación dependa funcionalmente, la fecha de remisión y cauce, con copia del documento que lo acredite".
La magistrada también se ha referido al comunicado de Pilar Aparicio Azcárraga, la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, del 6 de marzo de 2020, sobre "la celebración de reuniones multitudinarias durante el periodo de epidemia".
Y se habla de un caso en especial, del que se pide "cauce y fecha, concretamente si se remitió sólo a la Comunidad Evangélica o también a otros organizadores de reuniones multitudinarias, específicamente de concentraciones o manifestaciones" o si solo aparecía en la página web oficial del Ministerio, entendiendo que en el caso de no haberse difundido, deberá explicar "las razones que existieron para no hacerlo".
También exige a Sanidad "idéntica información en relación con cualquier otro documento que, con anterioridad al 14 de marzo de 2020, y haciendo referencia a concentraciones multitudinarias o a la conveniencia de mantener la distancia social en el marco de esta crisis sanitaria, haya sido difundido o publicado en la web oficial del Ministerio o en otra página habilitada específicamente por el Ministerio de Sanidad con ocasión del Covid-19", mientras que a la Delegación del Gobierno en Madrid "la relación de resoluciones de toma de conocimiento o prohibiciones de concentraciones y manifestaciones dictadas por el Delegado de Gobierno entre el 5 y 14 de marzo 2020, con independencia de la fecha para la que estuviera convocada".
Así lo ha dado a conocer Carmen Rodríguez-Medel, quien exige conocer quién desconvocó las 21 manifestaciones en fechas similares para aclarar si fue el propio departamento que dirige José Manuel Franco o los organizadores.
El próximo 5 de junio también declararán como testigos el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis María Sanz; y al director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, José Luis Correas Díaz.
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