Así se recoge en el Informe Anual de 2017 del Banco de España, publicado hoy, en el que explica que, a pesar de que “la intensidad y la naturaleza de la expansión económica han favorecido una cierta corrección de estos desequilibrios”, los avances en la reducción del endeudamiento externo y sobre todo en la deuda pública, son “todavía modestos”.
Además, la institución destaca que “el mantenimiento de un endeudamiento público elevado durante un período prolongado puede tener efectos negativos sobre el crecimiento económico”, al considerar que el endeudamiento público puede absorber recursos “que podrían destinarse a fines más productivos y modifique las condiciones agregadas de financiación de la economía, distorsionando las decisiones de inversión privada”.
Por otra parte, el Banco de España considera que el cumplimiento de las reglas fiscales europeas y nacionales “exigirá continuar el proceso de consolidación fiscal”. Sobre este punto, asegura que, “si bien es muy probable que las administraciones públicas españolas sitúen su déficit por debajo del 3% en 2018, existe una mayor incertidumbre sobre el cumplimiento estricto del grado de reducción exigido del déficit público estructural, que según la Comisión Europea sería todavía elevado, del 3,1% del PIB potencial en este año”.
Además, señala que el proceso de consolidación fiscal “debe ser compatible con una mejora de la calidad de las finanzas públicas”. Sobre este punto, en el lado del gasto el Banco de España considera que existe margen “para seguir avanzando en aumentar la eficiencia del gasto público”. Por el lado de los ingresos, destaca que el sistema impositivo “cuenta con un nivel de beneficios fiscales elevado, derivado de la existencia de numerosas exenciones, deducciones y tipos especiales reducidos, que tienden a generar pérdidas de recaudación, así como posibles distorsiones sobre la eficiencia y la equidad”.
PENSIONES
En cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas, el organismo subraya el reto que supone el envejecimiento de la población, alertando sobre su impacto en el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. En este sentido, el Banco de España considera que la aplicación del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización de las pensiones “lograrían reducir de forma gradual el actual déficit del sistema, que alcanzó el 1,8% del PIB en 2017, y contrarrestar de forma significativa el efecto del incremento esperado de la tasa de dependencia en el largo plazo”.
Explica que, en ausencia de aumentos adicionales de los ingresos, el ajuste se produciría principalmente a través de una disminución de la tasa de sustitución de las pensiones públicas, cuyo descenso podría alcanzar los 20 puntos entre 2013 y 2060.
Por ello, la institución recomienda que, de cara al futuro, “la clave consiste en delimitar, de acuerdo con las preferencias sociales, las tasas de sustitución de nuestro sistema de pensiones que se pretenden asegurar, de forma que se adecuen los ingresos para que la sostenibilidad quede garantizada”.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Por otro lado, el Banco de España subraya la necesidad de revisar el sistema de financiación de las comunidades autónomas, señalando que el concurso de éstas “es esencial para garantizar la estabilidad presupuestaria”. A este respecto, aconseja reformar el sistema “con el objetivo de adecuar los ingresos” y de “garantizar un reparto transparente entre comunidades”.
Además, propone retomar el acceso a los mercados de capitales por parte de las comunidades autónomas “como vía fundamental de financiación de sus desequilibrios fiscales, haciendo uso de los distintos fondos del Estado desarrollados durante la crisis solo en circunstancias excepcionales”.
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