Según informó este jueves el Instituto Armado, en la llamada ‘operación Zerga’ se han intervenido bienes por valor de más de ocho millones de euros.
Los investigados a los que afectan estos embargos son 10 miembros de ETA, entre ellos algunos históricos activistas de la banda, y más de 40 responsables de acciones de violencia callejera o ‘kale borroka’.
Sobre estos condenados pesaba una deuda contraída con el Estado por el pago de la responsabilidad civil a la que habían sido condenados por sus acciones terroristas. Dicha deuda ascendería a más de ocho millones de euros.
Las investigaciones, realizadas por la Guardia Civil durante el último año en el marco de la ‘operación Zerga’, permitieron comprobar cómo numerosos miembros de ETA y su entorno, a pesar de no haber satisfecho las deudas económicas contraídas, eran titulares de bienes o desarrollaban actividades laborales y económicas sin que realizaran acción alguna para satisfacer las referidas obligaciones.
SE SEGUIRÁ INVESTIGANDO
Por ello, se ha procedido al bloqueo y embargo de más de 45 cuentas bancarias de diferentes entidades financieras. Igualmente, se está actuando sobre una treintena de nóminas de aquellos investigados que han resultado estar asalariados. Con este objetivo, se ha oficiado a las empresas para las que trabajan a fin de que se les retenga la parte de la nómina que supere el salario mínimo interprofesional.
En cuanto a medios de transporte, han sido retirados de la vía pública un total de cuatro vehículos, entre ellos una autocaravana. Asimismo, la Guardia Civil ha identificado 14 propiedades inmobiliarias, la mayoría de ellas viviendas de las que los investigados serían propietarios, aunque también se ha actuado sobre locales comerciales y plazas de aparcamiento.
Por ello, el Servicio Común de Ejecutorias de la Audiencia Nacional ha emitido escritos dirigidos a los respectivos registros de la propiedad para que procedan a hacer el apunte correspondiente, lo que impedirá su venta o transmisión si no se procede previamente al pago de la deuda. Las propiedades inmobiliarias se encuentran en las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, así como en la Comunidad Foral de Navarra y en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
La Benemérita destacó que esta operación pone de manifiesto que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tras el anuncio de ETA de su disolución, seguirán trabajando para que los terroristas salden sus deudas con la Justicia, sean éstas del tipo que sean, incluidas las económicas. Por ello, continuarán investigando para proceder a la localización y detención de todos aquellos terroristas que tengan causas pendientes”.
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