Con ese decreto, el Gobierno modifica los reglamentos de Dominio Público Hidráulico y de Planificación Hidrológica en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales, y responde a las obligaciones derivadas de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Evaluación y Gestión de los Riesgos de Inundación.
En cuanto a los riesgos de inundación, la modificación refuerza la capacidad de respuesta frente al riesgo de inundaciones, que tiende a agravarse como consecuencia del cambio climático. Para ello, clarifica las limitaciones a los usos de suelo en zonas inundables con el fin de garantizar la seguridad de las personas y los bienes.
En este sentido, identifica los usos y las actividades vulnerables a evitar en las zonas de alto riesgo de inundación y establece criterios técnicos en el diseño de infraestructuras para que no afecten negativamente al dominio público hidráulico y el riesgo de inundación existente, en coordinación con la normativa del Ministerio de Fomento.
RESTRICCIÓN AL USO DEL AGUA
Por otro lado, el real decreto precisa y mejora la definición jurídica de determinados aspectos de los caudales ecológicos o ambientales. Así, mantiene la naturaleza jurídica de estos como “restricción al uso del agua en los sistemas de explotación” y la exigencia de su cumplimiento, y define los criterios para garantizar su mantenimiento, control y seguimiento por los organismos de cuenca.
Además, configura el régimen jurídico de las reservas hidrológicas en coordinación con los planes hidrológicos del segundo ciclo, con lo que se hace posible completar la declaración de las 135 reservas naturales fluviales incluidas en los planes hidrológicos de cuenca. El pasado 20 de marzo ya se declararon 82 reservas y la modificación normativa de hoy facilitará la declaración formal de las 53 reservas naturales fluviales restantes.
Por último, el real decreto desarrolla aspectos relativos a la organización y funcionamiento del Censo Nacional de Vertidos, con lo que cumple la ley de acceso a la información ambiental, que exige difundir informes sobre el estado nacional del medio ambiente; concreta el destino del canon de control de vertidos para reforzar su carácter finalista y pretende aumentar la eficacia de la Administración con la simplificación de los procedimientos y la reducción de cargas administrativas para los titulares de vertidos poco contaminantes, al tiempo que se mejora la protección de las aguas frente a vertidos generados por residuos industriales o mineros.
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