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Quieren cargarle el muerto a los alcaldes

Por Redacción
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cibeles.net
miércoles 12 de julio de 2017, 00:55h

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Soraya Saenz de Santamaria denuncia las "presiones" que realizan los independentistas catalanes "para que la responsabilidad" de la convocatoria de un eventual referéndum de autodeterminación "la asuman otros": los alcaldes y concejales.

La 'número dos' del Ejecutivo hizo esta valoración en su intervención durante la reunión plenaria del Grupo Parlamentario Popular, donde se refirió al pulso independentista planteado por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que pretende convocar un referéndum el próximo 1 de octubre.

La también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales dijo que la dinámica en la que ha entrado la Generalitat respecto a los que no comparten sus decisiones independentistas tiene "muy poca cabida en una democracia". Habló de las "presiones" y el "ninguneo" que sufren los medios y los partidos no independentistas.

"¡Se ha perdido completamente la neutralidad institucional!", exclamó la vicepresidenta del Gobierno, antes de advertir a Puigdemont de que esta es una "obligación de cualquier gobernante" y una "exigencia" de la Ley de Transparencia, que lo considera "infracción disciplinaria muy grave".

Abundó en que las presiones a los funcionarios "ya son la tónica", al tiempo que criticó que "algunos, para no asumir las responsabilidades de sus propios actos, le echan la culpa a los interventores". "Nosotros estamos para amparar al conjunto de los empleados públicos en Cataluña y evitar que la Generalitat los ponga como escudo a la hora de llevar a cabo decisiones que son ilegales", prometió.

"Antes la presión era a los de siempre y hoy la presión también es por parte de los independentistas a los comunes, porque es lo que tiene la equidistancia y la ambigüedad", valoró, para a renglón seguido exigir a los dirigentes catalanes que "no sometan a los empleados públicos o funcionarios de la Generalitat o ayuntamientos a ningún tipo de tensión".

Subrayó que con la "presión a los alcaldes" y la búsqueda de "voluntarios para firmar decisiones ilegales", la Generalitat pretende "endosar su responsabilidad" al organizar un acto ilegal a los concejales. "Las presiones las ponen ellos para que la responsabilidad la asuman otros", sintetizó.

Pese a este contexto político, garantizó que el referéndum "no se va a celebrar", porque ahora, a diferencia del 9-N, es "importante" que hay antecedentes judiciales. Se refirió así a que el 14 de febrero de este año el Tribunal Constitucional ya avisó de que cualquier acto preparatorio era ilegal.

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